La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la convocatoria para la adjudicación del servicio de limpieza de los edificios y dependencias municipales, después de que en septiembre de 2016 quedara desierto. Además de que su presupuesto aumentará en 700.000 euros, entre las principales novedades destacan la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales, como la recogida selectiva mediante bolsas de colores en los despachos y su posterior traslado a los contenedores de residuos sólidos, pero, sobre todo de estabilidad del empleo.

El concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, subrayó que con este contrato se pretende «mejorar las condiciones de limpieza de los edificios municipales» y, por ello, el Ayuntamiento de València ha introducido «una serie de cláusulas muy importantes» desde el punto de vista medioambiental o laboral, «porque las empresas tienen la obligación de subrogar al personal de la actual empresa, así como de no modificar unilateralmente sus condiciones de trabajo, entre otros».

La convocatoria inicial para la prestación de este servicio se realizó en primera instancia el pasado mes de septiembre, junto con los lotes de limpieza de mercados y de colegios. Ambos fueron adjudicados a la firma Ferrovial en el primer caso y a Fovasa, en el segundo; pero el lote correspondiente a la limpieza de las dependencias municipales (con un importe de salida de 2.952.183 euros) quedó desierto.

La incrementado del presupuesto de salida de la nueva convocatoria resitúa la nueva cifra de licitación en 3.631.783 euros, con plazo de prestación de 2 años, con una prórroga de dos más.

Tal como se destacó desde la Concejalía de Gobierno Interior, las nuevas contrataciones de personal que haya de realizar la empresa adjudicataria del contrato deben hacerse, entre otros, entre personas en situación de desempleo de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situación de exclusión social, como las mujeres víctimas de violencia de género y no se podrán reducir «de forma unilateral las condiciones de trabajo en materia de jornada y salario», explicó Campillo.

Asimismo, se señala la obligación de incorporar cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que correspondan en cada momento a las personas trabajadoras adscritas al contrato en función del convenio del sector aplicable en el momento de presentarse la oferta, dado que el Govern de la Nau apuesta «por la estabilización del empleo, para garantizar las mejores condiciones laborales, las cuales redundarán en una mejor prestación del servicio», concluyó Campillo.