Pilar Soriano denuncia “que el concejal Novo tiene la total responsabilidad de que la EMT no haya recibido unas cantidades muy importantes, de alrededor de 46 millones anuales, para cofinanciar entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central el transporte público urbano”.
Desde el año 2004 en los Presupuestos Generales del Estado vienen figurando consignaciones presupuestarias para cofinanciar el transporte público urbano conjuntamente entre la Generalitat y Gobierno. Las cantidades son de alrededor de 38 millones de euros por parte del Gobierno con lo que la Generalitat Valenciana debía aportar otros 38 millones. De esos 76 millones, a la EMT le corresponderían aproximadamente un 60%, es decir casi 46 millones euros.
Para Compromís es un hecho de extrema gravedad que por culpa de la inoperancia y la desgana del concejal Novo y la alcaldesa Barberá la EMT haya perdido unos 365 millones de euros en los últimos 8 años.
Para Pilar Soriano, concejala de la formación de izquierdas, valencianista y ecologista, “queremos que el regidor Novo explique las razones por las que no se ha instado a que se firmara el protocolo para que se subvencionara la EMT. Tiene que dar muchas explicaciones por esa dejadez, ya que ha hecho perder a la EMT esas cantidades de dinero.”
Con ese dinero se habría paliado de sobra el déficit anual que ha estado arrastrando la EMT durante los últimos años, déficit debido fundamentalmente a la incapacidad del PP para hacer de la EMT un servicio público potente y de calidad. Con esas cantidades se habría podido incrementar la calidad del servicio que presta la EMT, potenciando las líneas de autobuses y la frecuencia de paso y se habría contribuido a reducir la congestión y contaminación del tráfico privado.
Para Pilar Soriano, “lo más grave es que los 365 millones de euros hubieran evitado con creces que los trabajadores de la EMT paguen ahora los platos rotos de la nefasta gestión que ha hecho el PP de la empresa pública de transportes.”
La insolidaridad de la Sra. Barberá es evidente: mientras cobra más de 105.000 euros (30.000 más que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy) hace recaer sobre los trabajadores y sus familias todo el peso de la responsabilidad de sanear la empresa mediante un ERE muy negativo, al mismo tiempo que no reclama la subvención al transporte de 46 millones de euros anuales.