Compromís advierte al Consorcio que su reiterada negativa a facilitar sus cuentas podría llevarle a incurrir en un delito de prevaricación
Un informe del Tribunal de Cuentas advierte que el Consorcio Valencia 2007 es uno de los cuatro consorcios que tiene un régimen contable privado, cuándo la mayoría de sus ingresos provienen del sector público
El director del Consorcio Valencia 2007, Pablo Landecho, ha denegado la petición de las cuentas anuales que hicieron Joan Ribó, concejal del Ayuntamiento de Valencia, Enric Morera, diputado de les Corts Valencianes y Joan Baldoví, diputado del Congreso de los Diputados el pasado 12 de diciembre de 2013.
El Consorcio han alegado que la información reclamada se encuentra en un proceso de recurso de amparo en el Congreso de los Diputados, desde Compromís han enviado una reclamación al Consorcio Valencia 2007 debido a que la Ley 4/2001 a la que se acoge en su escrito se refiere a los ciudadanos, pero la condición de cargos electos de los solicitantes, como representantes de los ciudadanos en las tres administraciones que participan en el Consorcio (Ayuntamiento, Generalitat y Estado) les otorga todo el derecho a conocer la información por cualquier de las vías previstas por la normativa actual recogidas en la Ley 19/2013 de Transparencia, que entró en vigor el pasado 9 de diciembre. Además han recordado que el recurso de amparo es un refuerzo de la tramitación normal de información, y que en ningún caso paraliza la vía administrativa de solicitar la misma.
La actitud del Consorcio de anteponer su voluntad encubriendo sus cuentas anuales, imposibilita la función controladora de los responsables electos de Compromís, consagrada en la Constitución, que de reiterarse podría incurrir en una actuación delictiva. El Tribunal Constitucional ha resuelto en diversas sentencias que la solicitud de documentación pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria, como es indudablemente el ejercicio de la función legislativa o de control del Gobierno.
Joan Ribó, portavoz de Compromís, ha comentado: “Por lo tanto, la argumentación de Landecho es una excusa de mal pagador, de quien no quiere dar la información solicitada por los motivos que él sabrá y nosotros sospechamos.”
Además han señalado otra contradicción en la argumentación del Consorcio Valencia 2007, puesto que la solicitud de Joan Baldoví al Ministerio de Fomento se refiere a las cuentas entre 2007 y 2012, frente a la demanda realizada directamente al Consorcio que es relativa a las cuentas del 2003 al 2012, en el caso de que las argumentaciones mencionadas por Landecho fueran validas, el Consorcio tendría que haber facilitado, en cualquier caso, las cuentas anuales comprendidas entre 2003 y 2007. Esta denegación de información por parte del Consorcio se une a las del Ayuntamiento de Valencia, a la de les Corts y a la del Parlamento, sobre la que se han presentado dos recursos de amparo ante el Presidente del Congreso de los Diputados.
Por otro lado, desde Compromís han resaltado que en el Informe de fiscalización de los Consorcios de ámbito local publicado en diciembre de 2013 por el Tribunal de Cuentas, advierte que el Consorcio Valencia 2007 es uno de los cuatro consorcios del Estado, con participación de las administraciones públicas que tiene un régimen contable privado, por esta razón en 2011 no presentó sus cuentas al órgano fiscalizador. Además la mayor parte los ingresos de los otros tres consorcios con contabilidad privada (Ciudad Monumental de Mérida, Instituto Europeo del Mediterráneo y el Museu Nacional d’Art de Catalunya) provienen en su mayoría de fuentes privadas, bien por la venta de entradas o por las aportaciones de patronos empresariales, circunstancia que en ningún caso se da, ni se ha dado, en el Consorcio Valencia 2007 desde su creación. No se entiende como un organismo como el Consorcio, en el que la mayoría de sus ingresos provienen del sector público, disponga de un sistema contable privado.
Joan Ribó, portavoz de Compromís, ha declarado: “Estamos ante un caso de opacidad flagrante y de vulneración del derecho a la información de los cargos electos que recoge la reciente Ley de Transparencia aprobada en el Congreso de los Diputados. La falta de transparencia del Consorcio Valencia 2007 es preocupante, puesto que no es sólo frente a las solicitudes de información de los representantes de Compromís, sino también ante el Tribunal de Cuentas. Cuando una institución no da información, nos hace pensar que esconde alguna cosa. La situación del Consorcio Valencia 2007 con 398 millones de euros de deuda, junto al informe de viabilidad económica del Plan Especial de la Marina Real, que prevé unos beneficios anuales máximos de 2,5 millones de euros, hacen que la institución sea insostenible económicamente a corto plazo. Aunque la señora Barberà no se atreva a exigirlo, el Consorcio necesitará de un rescate urgente por parte del Estado para desarrollar su actividad.”
Escucha el audio: Joan Ribó