El alcalde de Valencia, Joan Ribó, destacó el «reto fundamental» al que se enfrentan con las nuevas exigencias en materia de financiación local que pasan por el «reparto equitativo de los recursos del Estado» entre las administraciones central, autonómica y municipal, tal y como lo refrendaron alcaldes y concejales de más de 70 ciudades españolas de partidos de todo el espectro político, como PSOE (Valladolid), PP (Málaga), Ahora Madrid o Zaragoza en Común, entre otros.
Ribó defendió la reforma de la normativa de financiación pública durante su intervención en el plenario de las conclusiones de las Jornadas Municipalistas que se desarrollaron en el Palacio de Congresos de Valencia. La sesión contó también con la participación y el apoyo a esta propuesta del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, y del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez.
Tal y como denunció el alcalde Ribó, «la agenda política de la trayectoria democrática de nuestro país nunca ha afrontado de una manera seria y rigurosa el problema de la financiación local. Los mismos problemas históricos en el entorno local continúan hoy presentes y agravados» por el contexto de la crisis financiera internacional y las tensiones en las cuentas públicas.
No obstante, Ribó también apuntó como agravante de la situación la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera «con tres reglas fiscales que alguien se ha empeñado en que aparezcan como ‘sagradas’: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un límite de deuda y el respeto a la regla de gasto».
Según Ribó, la última de las tres reglas «impide -a pesar de que haya superávit en un ayuntamiento- dedicar ese saldo positivo al gasto social o medidas para generar empleo, ya que se debe usar para amortizar deuda». Por ello, el alcalde aseguró que el «reto principal» de distribución equitativa de los recursos estatales debe realizarse «de acuerdo con los servicios que cada uno presta efectivamente. Un reto que dista de haberse superado».
Joan Ribó exigió una normativa acorde al «buen comportamiento» de los ayuntamientos y, así, «poder dedicar el superávit a planes de empleo, gasto social, inversiones. En definitiva «, concluyó,» en favor de la ciudadanía y no de otras instituciones «.