Sergi Campillo y Consol Castillo han calificado como “recurso de la vergüenza” y “recurso maligno” el presentado por la Delegación del Gobierno para anular el acuerdo de modificación de plantilla que permitía al Ayuntamiento contratar, con la subvención de 3.151.450 euros de la Consellería de Igualdad, personal para llevar a la cabo la valoración de miles de ciudadanos y ciudadanas en situación de dependencia. Los dos concejales del Govern de la Nau han reclamado “a la Delegación del Gobierno, al gobierno de España y al Partido Popular que retiren inmediatamente ese recurso porque están poniendo en peligro el bienestar de esos miles de vecinos y vecinas de València.”
“El Partido Popular, en lo que nosotros consideramos el recurso de la vergüenza, nos insta a anular ese acuerdo de modificación de plantilla y con ello imposibilita la contratación de personas y la valoración de los miles y miles de personas de nuestra ciudad que están en situación de dependencia esperando a ser valoradas “, ha afirmado el concejal de Gobierno Interior y Personal. “El recurso de la vergüenza ataca a la autonomía local y nosotros no vamos a aceptar que, en ningún caso, caso el gobierno Central en manos del Partido Popular impida que atendamos a tantas personas que están esperando a ser valoradas para acceder a su derecho a la Ley de Dependencia.”
Campillo ha recordado el trabajo “muy duro realizado durante estos meses en el Servicio de Personal para poder tener a punto las bolsas. La semana pasada constituimos la de trabajadores sociales y en los próximos días s constituiremos la bolsa de educadores sociales. En ningún caso vamos a consentir que el gobierno del Partido Popular nos impida contratar a ese nuevo personal.”
Ha calificado de “vergüenza mayúscula e indecencia” que el PP quiera impedir que se valore la dependencia. Se les habría de caer la cara de vergüenza por este recurso en el que la Delegación del Gobierno pide al juzgado que suspenda cautelarmente el acuerdo tomado por el Pleno el 30 de marzo pasado, con la intención de impedir las nuevas contrataciones. Pero voy a ser muy claro: nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta en defensa de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que están en una situación complicada. Vamos a oponernos y defenderemos absolutamente la autonomía municipal y la decencia.»
En la rueda de prensa en la que han comparecido ambos miembros del Govern de la Nau, Campillo ha hablado de “boicot del Partido Popular” a la valoración para que las personas no puedan acceder a las ayudas de la Ley de Dependencia. “Quieren ahogar el éxito de las políticas sociales del Govern del Botànic y del Govern de la Nau”. Ha recordado la “la reducción que ya han hecho de miles de personas de la lista de espera”, y reiterado que “no lo vamos a consentir. Nos pondremos del lado de los vecinos y de las vecinas, que son lo más importante.”
Más tarde ha señalado que “a quien ataca este recurso no es al Govern de la Nau, es a las personas que están esperando ser valoradas. El Partido Popular quiere dejarlas en la estacada, quiere dejar en la cuneta a miles y miles de vecinos y vecinas que están esperando su valoración para acceder a las ayudas”.
Esta rueda de prensa ha sido convocada tras haber tenido conocimiento de que “la Delegación del Gobierno, manos del Partido Popular, ha impugnado vía judicial el acuerdo del Pleno del día 30 de marzo que se refería a una modificación de la plantilla que teníamos que hacer para asumir las competencias de valoración de la dependencia que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas ha determinado que se haga a través de los ayuntamientos, y para eso ha subvencionado con más de 3 millones de euros este año la contratación del personal necesario”.
Con ese dinero estaba y está previsto contratar a un total de 62 personas entre técnicos medios, técnicos auxiliares, subalternos, personal administrativo, educadores sociales, sociólogos, psicólogos o y agentes de desarrollo. En mayo de 2017, dos meses después del acuerdo del Pleno, la Delegación del Gobierno ya instó a anularlo vía administrativa argumentando la Ley Presupuestaria y el Estatuto Básico del Empleo “con argumentos erróneos y en nuestra opinión confundiendo los términos, porque si bien es cierto que las administraciones no podemos aprobar incrementos retributivos por encima de lo que marca la ley, en ningún caso la ley prohíbe incrementos del Capítulo 1 y del gasto de personal, y más si estábamos asumiendo una nueva competencia” y disponiendo de una subvención finalista de la Consellería para contratar personal”
El Ayuntamiento tiene el mandato de la Consellería de Igualdad para valorar la dependencia, de “los miles de personas que hay en esta ciudad esperando a ser valoradas y que no se puede hacer con la plantilla actual, Por eso nos dan una subvención finalista para contratar personal para esa valoración, y hemos de aprobar una modificación de plantilla porque hemos de aumentar plazas de las diferentes categorías laborales “
“EN POLÍTICA NO VALE TODO”
Idéntico malestar ante este recurso y firmeza para exigir su retirada ha mostrado Consol Castillo, la concejala responsable del área de Desarrollo Humano. “En política no vale todo- ha dicho- , y este recurso que Sergi Campillo ha valorado como el de la vergüenza se ha hecho desde la maldad y esconde un gran contenido de maldad, porque detrás hay una gran cantidad de personas vulnerables
Ha informado Castillo de que, según un informe realizado a finales de 2016, “detectamos que había valoradas en situación de dependencia alrededor de 10.500 personas, de las que el 60% son mujeres. Por otro lado, en torno al 60 % del total de personas con algún grado de dependencia reconocido es mayor de 64 años, el 28’15% tiene entre 85 y 94 años, y el 19’22% entre 75 y 84 años. ”Esas personas son la foto fija de la ciudadanía a la que va a afectar ese recurso si es admitido a trámite”. Castillo ha precisado, por otro lado, que más del 98% delas personas dependientes “tienen nacionalidad española, son personas de aquí que viven aquí, de manera que los datos desactivan eventuales discursos xenófobos“.
Ha asegurado que “Este decreto lo que hace es actuar de forma maligna porque pretende atacar al Govern de la Nau, que es el gobierno de la ciudad de València y que en servicio sociales está haciendo una tarea positiva e importante”. Ha recordado que “cuando llegamos la Delegación estaba vacía, con una quinta parte del personal que le correspondía por la ratio de los servicios sociales del Estado. Estamos realizando un trabajo intenso y no vamos a consentir que ese trabajo que hemos hecho quede parado por una decisión frívola y quiero pensar que no suficientemente meditada por el Partido Popular, ahora que está a punto de culminarse con la incorporación de nuevo personal que nos ayudará a mejorar y a que el tiempo de tramitación sea más breve.”
Después de recordar que la plantilla de Servicios Sociales se ha incrementado en 73 personas con el Govern de la Nau, Castillo ha afirmado que “Vamos a intentar parar el recurso y a hacer un llamamiento para que las asociaciones y entidades se opongan también a este recurso que podría tener unas consecuencias dramáticas, porque si las personas pendientes de esa valoración han de esperar dos años más, es posible que algunas ya se hayan muerto, No nos merecemos este palo que nos quiere colocar en las ruedas el Partido Popular”.
Castillo ha contado que “en estos momentos tenemos cerca de 30.000 expedientes vivos (29.853) en los que intervenimos”. Ha señalado que “la valoración de la dependencia es un proceso complejo. Una persona demandante ha de presentar una documentación, se le ha de hacer un estudio de entorno, una valoración social, una valoración médica, visitar la vivienda de la personas valorada y después hacer una propuesta individualizada de cada una”.