A raíz de las declaraciones de ayer en la Audiencia Nacional del exdirigente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una moción de urgencia para que Francisco Camps deje su cargo en el Consejo Jurídico Consultivo. Además, esta moción pide que se establezcan las medidas oportunas para la recuperación del dinero desviado en casos de corrupción y se insta a las Cortes Valencianas a generar mecanismos de retirada de la condición de expresidentes “cuando se ponen en riesgo la dignidad y la honorabilidad de las instituciones valencianas”.
“En estos momentos de una gravedad tan extrema por la confirmación y las confesiones de la corrupción del pasado, es imprescindible que el Ayuntamiento de Valencia tome una posición clara en defensa de la legalidad y en contra de la corrupción. Tenemos que dar una respuesta rápida a esa situación”, ha afirmado antes del Pleno el alcalde Joan Ribó, que ha propuesto esta moción de urgencia. Una moción planteada en un primer momento como declaración institucional, pero ante la oposición del PP en el Pleno, se ha optado por aprobarla de urgencia con los votos a favor del Gobierno de la Nau y de Ciudadanos, y los votos en contra del PP, unas votacions que también han coincidido en la declaración de urgencia de esta moción que ha sido defendida por el concejal Pere Fuset (Compromís).
La moción aprobada insta así a Francisco Camps a renunciar tanto a su cargo como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, como del resto de atribuciones reguladas en la Ley del Estatuto de Expresidentes, “por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución”. Esta ley de la Generalitat Valenciana dispone, entre otras cuestiones, la pertenencia al Consejo Jurídico Consultivo por un periodo de 15 años de las personas que hayan ostentado la Presidencia de la Generalitat.
Además, ante la inexistencia de mecanismo alguno “que permita poder retirar la condición honorífica de expresidente a aquellas personas que han incurrido en actas o comportamientos impropios de esta condición”, el Pleno municipal también pide a las Cortes Valencianas mejorar esa ley para regular mecanismos de retirada de esta condición. La moción, cómo ha apuntado el alcalde, coincide con otras mociones parecidas que hoy también se han presentado en los ayuntamientos de Alicante y de Castellón, cuando mañana se cumplen dos años del comienzo de la operación policial conocida como Taula.