Ante la posible liberalización del sector del taxi y de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), el Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado una declaración institucional de apoyo al taxi, fruto del acuerdo unánime al que llegaron los y las representantes de todos los grupos municipales en la Junta de Portavoces de este martes.
“La posible liberalización del sector del taxi y de las VTC supondrá una masificación de vehículos en nuestras ciudades, la precarización y la pérdida de la imagen del servicio discrecional de transporte urbano e intercomunitario”. Así se ha iniciado la declaración impulsada por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, quien también ha destacado “la pérdida económica para cerca de 7.000 familias que viven del sector del taxi en todo el territorio valenciano”. Por este motivo ha agradecido “el acuerdo unánime, que es fundamental para poder dar un apoyo real y eficiente al sector”.
Ante esta situación el Pleno ha aprobado instar al Ministerio de Fomento y a la Conselleria competente en materia de transportes a utilizar todos los mecanismos de control sobre las autorizaciones de VTC para mantener los criterios de proporción 1/30 (sólo una licencia VTC por cada 30 de taxis) y a establecer procedimientos para exigir un tiempo mínimo de dos horas entre la contratación y la prestación del servicio del VTC (con el objetivo de evitar el intrusismo con el sector del taxi). También se ha propuesto establecer el procedimiento para exigir una base de operaciones a los VTC.
Por otro lado, la declaración institucional ha instado al gobierno central a incluir, en una modificación eventual del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, un nuevo texto para el artículo 182.2 o equivalente, que desarrolle las condiciones aplicables a las VTC en relación con el origen, destino o recorrido de los servicios. También le insta a adoptar medidas favorecedoras de la profesionalización de los conductores de los VTC con la introducción de una formación homogénea, a través de fórmulas como el de un Certificado de Actividad Profesional (CAP) específico. Además, le propone la puesta en marcha de planes de ayudas al sector profesional del taxi (prejubilacions, adaptación de vehículos, nuevas tecnologías eléctricas de apoyo a políticas de eficiencia medioambiental) y el reconocimiento de enfermedades profesionales en el sector, como ya se ha reconocido en otros sectores parecidos.
La declaración institucional también ha reclamado al Consell a estudiar la posibilidad de exigir a los VTC contar con una autorización de funcionamiento urbana añadida a la exigida por el Ministerio de Fomento, con un informe previo del Ayuntamiento para valorar la incidencia de la concesión sobre el servicio público del taxi, la movilidad y el medio ambiente. También le pide reforzar la inspección y las sanciones para detectar y eliminar prácticas de intrusismo por captación ilegal de clientes y operar en áreas de influencia del taxi.
Giuseppe Grezzi ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es favorecer el respecto de las reglas de convivencia entre la actividad del taxi y la de los VTC, sobre todo después de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que hacen esperar miles de autorizaciones más, con lo que esto comportará para el tránsito, para la contaminación ambiental y para la precarización del servicio de transporte existente.