El Ayuntamiento ha dispuesto los recursos presupuestarios para amortización de deuda, casi 30 millones de euros, que permiten liberar a València de las limitaciones del llamado Plan de Ajuste 2012-2022. La Comisión de Hacienda ha aprobado el informe trimestral sobre seguimiento y cumplimiento del Plan en el que se recoge ya la disponibilidad económica que, de hecho, saca a la ciudad de las condiciones que la mantenían dentro de los parámetros del Plan.
Así lo ha explicado hoy el alcalde de València, Joan Ribó, quien ha destacado la importancia de la gestión económica del Gobierno Local, «una gestión eficaz y eficiente, que nos ha permitido salir, tres años antes de lo previsto, de un plan que desde 2012 ha ahogado a la ciudad». Tal como ha destacado el alcalde, «en estos momentos, cumplimos con la regla de gasto, pagamos a los proveedores en tiempo y forma, y hemos reducido la deuda hasta la mitad respecto al pico más alto que generó el desgobierno anterior». «En definitiva –ha concluido Ribó- recuperamos autonomía municipal y sacamos a València del agujero económico».
En la práctica, esto supondrá recuperar la autonomía en la gestión municipal, tomar decisiones sobre la gestión y las inversiones de la ciudad sin la tutela del Ministerio de Hacienda, «y dedicar los recursos municipales a las necesidades propias que tiene València».
Desde el inicio del mandato actual, se ha conseguido rebajar a la mitad la deuda máxima a la que llegó la corporación anterior. El Govern de la Nau decidió aplicar un Plan de Reducción de Deuda para el periodo 2015-2019, que ha permitido que, según se prevé, 2018 concluya con una deuda de 446 millones de euros (un 52,7% respecto a los ingresos totales del último año liquidado, en este caso 2017). En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, PMP, durante el último trimestre de 2017 registró una media de 2,1 días, frente a los 60 días de PMP que se acumularon en las etapas previas.
Como se recordará, en el año 2012 se contrataron préstamos para hacer frente a las deudas, en virtud del Real Decreto 4/2012 que obligaba a las administraciones locales que en aquel momento tenían lo que se conoce como «facturas en el cajón». Era el caso del Ayuntamiento de València, que entonces tenía 183 millones en estas facturas «opacas» en su Presupuesto. Los ayuntamientos afectados, como el de València, tenían que pedir un crédito al ICO y, a cambio, entrar en el Plan de Ajuste. Tal como denunciaba el alcalde semanas atrás, «el anterior gobierno de la derecha llegó a endeudar a los valencianos en casi 1.000 millones de euros (un 135% del valor del presupuesto municipal) y ha sido el propio PP en el gobierno central quien nos ha castigado estos últimos 6 años por eso».
El Plan de Ajuste supone una serie de restricciones a la gestión de los gobiernos locales, entre ellas, la imposibilidad de crear ningún organismo municipal, ente o fundación; o decidir sin ninguna traba el destino de todas las inversiones municipales. Además, hacía necesario fijar un objetivo en términos de estabilidad presupuestaria, con un superávit de 90 millones de euros frente al resto de entidades locales, «que solo tenían que estar en equilibrio», así como someter en el Ayuntamiento a la «tutela» del Ministerio de Hacienda, con controles trimestrales.