El concejal Ferran Puchades ha presentado una moción a la Comisión de patrimonio, recursos humanos y seguridad ciudadana a fin de que los pliegos de la próxima licitación para la concesión del servicio del Balneario de la Alameda tengan precios públicos, al igual que el resto de servicios públicos que se prestan en régimen de concesión tales como las piscinas o los polideportivos.
El concejal de Compromís Ferran Puchades ha presentado esta moción a fin de que el futuro acceso al Balneario de la Alameda esté regulado mediante una normativa de precios públicos y así poder garantizar que estará a disposición del conjunto de la ciudadanía como un recurso público más para el su disfrute.
Puchades ha recordado que “la surgencia termal que dio origen al balneario es una joya que tiene la ciudad en pleno centro y que durante más de cincuenta años pudieron disfrutar los valencianos, hasta que el abandono de sus instalaciones provocó su cierre en 1986. La alcaldesa Barberà lo rehabilitó pero entregó su gestión a través de una concesión con una duración absolutamente extravagante de cincuenta años, con el resultado de que los sucesivos gestores han sido incapaces de prestar un servicio público digno y encima ni pagaron a las arcas municipales el canon al que estaban obligados”.
Para el concejal valencianista, el anuncio realizado el pasado mes de abril por el concejal de Patrimonio que tenía prevista la licitación de la gestión del Balneario para finales de año, “es una oportunidad histórica para recuperar para la ciudadanía una auténtica joya que tenemos en el centro de la ciudad y que los valencianos merecemos poder disfrutar como un recurso público, con precios y condiciones de acceso tasados que eviten la tentación de crear un lugar excluyente de la mayoría.”
Para Ferran Puchades, “tener un balneario urbano es algo único en España y sólo comparable con otras ciudades europeas como Budapest o Karlo Vivary, que además de ser un recurso para atraer visitantes que buscan experiencias inéditas, debemos poder disfrutar todos los valencianos como recurso público como son las piscinas o los polideportivos que, aunque estén gestionados por concesión, tienen precios públicos tasados y que impiden que se conviertan en centros cerrados y exclusivos sólo accesibles a personas con elevada disposición económica.”
En este sentido, el concejal de Compromís ha recordado que “no puede repetirse la concesión por un plazo tan largo, de cincuenta años, como hizo Barberà y que impide un adecuado control y renegociación de las condiciones más favorables para la ciudad y que de hecho constituye una apropiación privada de un bien público que debe servir a los intereses generales.”