• El regidor Giuseppe Grezzi ha solicitado amparo al Alto Comisionado de las Cortes Generales ante la desobediencia del gobierno de María José Catalá de poner en marcha la más mínima Zona de Bajas Emisiones en València en el plazo requerido a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.
• A día de hoy no hay en València ni un solo metro cuadrado en el que se controle en paralelo el acceso de vehículos por su nivel contaminante y la contaminación asociada al tráfico, como exige la legislación.
El pasado viernes, presuntamente sobre la bocina, el gobierno municipal de María José Catalá aprobaba en la Junta de Gobierno Local una ‘Moción de Impulso para la tramitación de la Ordenanza que regula el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones’. Con ello, el gobierno de PP y Vox pretendían cubrir la papeleta y hacer creer a la opinión pública que dentro del plazo establecido por el Real Decreto Ley 1052/2022 del 27 diciembre, el Ayuntamiento de València cumplía con su obligación de establecer un sistema de restricción de vehículos más contaminantes.
Sin embargo, según apunta el concejal de Compromís y ex responsable del área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, “todo es papel mojado”. Y es que, como apunta el concejal valencianista, la suscripción de ese borrador de plan a largo plazo, además de no comprometer aún a nada, no ha implicado lo que exige la ley española a las ciudades a día de hoy: la activación de una zona, por pequeña que sea, en la que se restrinja el acceso de vehículos según sus emisiones, y al tiempo se controle la evolución de la contaminación en esa misma zona.
“A nuestra salida del gobierno dejamos el trabajo legislativo muy avanzado y trabajado con los agentes sociales, y la instalación de las cámaras y sus medidores ambientales, subvencionada y lista para iniciar la instalación. Y un año después sigue sin estar operando ni uno solo de los dispositivos para controlar los accesos ni se ha tenido en cuenta para nada el trabajo realizado con las entidades en el borrador de futura ordenanza, que pretende dejar la ZBE sin ninguna efectividad para reducir la contaminación”, resume Grezzi.
Por ese motivo, Compromís per València se ha dirigido formalmente al Defensor del Pueblo para solicitarles que investigue al Ayuntamiento de València “por no cumplir la Ley 1052/2022 en la creación de las Zonas de Bajas de Emisiones para garantizar la reducción de las emisiones y los contaminantes, que haga efectiva la protección de la salud y la adaptación al Cambio Climático”.
En su escrito, Compromís advierte además de que, según el borrador de Ordenanza lanzado por el gobierno bipartito y cuya aprobación definitiva se desconoce, la aplicación de medidas que contribuyan a la reducción de la circulación de los vehículos motorizados más contaminantes se prevé a partir del 1 de enero de 2028, y solamente para vehículos que no tengan ninguna etiqueta o tengan etiqueta ‘A’. Además, no prevé ningún tipo de restricción para todo tipo de vehículo dedicado a la distribución comercial, tengan la etiqueta que tengan y de la antigüedad que sean. Por último, la propuesta de zonificación de la ZBE excluye explícitamente los barrios marítimos de la ciudad, muy afectados por la circulación de vehículos pesados y camiones que dan servicio al Puerto, donde hay elevadas concentración de contaminantes.
“Estamos seguros de que el Defensor del Pueblo, como encargado de las Cortes Generales de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, tomará cartas en el asunto, porque el desafío de Catalá al Estado y el mal que comporta a la ciudadanía y a la salud pública es demasiado grave como para tomárselo a broma”, apunta Grezzi.
“Solo hay que observar cómo, además de incumplir las leyes de España, el horizonte que plantea Catalá para 2028 en la vigilancia de la contaminación de tráfico es más laxa que la que ya aplican ayuntamientos como por ejemplo el de Madrid desde este mismo 1 de junio. Hablamos de que Catalá estaría ya hoy siendo más negacionista y ultra que algunos de los gobiernos más recalcitrantes del estado”, analiza el ex concejal de Movilidad. “Solo a una persona abiertamente negacionista del cambio climático y que al tiempo odie profundamente los logros que ha obtenido València en los últimos años se le ocurriría boicotear la Capitalidad Verde Europea de una manera tan sangrante como la que está poniendo en práctica María José Catalá en el año que lleva al frente del gobierno. “,