El concejal Ferran Puchades presenta una alegación a los presupuestos municipales en la que propone modificar una de las ayudas directas más altas que otorga Catalá para 2025, destinada a una fundación creada hace seis meses.
El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Ferran Puchades, ha cuestionado una de las ayudas directas más altas concedidas por Catalá en el presupuesto de 2025, destinada a una fundación creada hace tan solo seis meses, de la que no se conoce ninguna publicación, trabajo de investigación ni trayectoria tangible de ningún tipo. Puchades ha criticado la política de subvenciones y ayudas de Catalá, que también ha incrementado –hasta los 128.000 euros– las ayudas a “Lo Rat Penat” y la RACV, entidades acientíficas que promueven ideas al margen de las instituciones valencianas, como una ortografía del valenciano contraria a la de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, no reconocida por ninguna universidad y sin validez legal.
Puchades ha presentado una alegación a los presupuestos municipales de 2025 con el objetivo de modificar la ayuda de 100.000 euros a la fundación del Santo Cáliz, una entidad creada el pasado mes de julio, de la que no consta ninguna publicación ni trayectoria real, “por lo que no se justifica que Catalá le otorgue una de las ayudas directas municipales más cuantiosas de 2025”. Según Puchades, las donaciones a esta entidad religiosa “deberían provenir fundamentalmente del mundo empresarial y de particulares interesados en colaborar, pero no de las instituciones, ya que no está justificado destinar estas cantidades económicas a una entidad de creación tan reciente y sin una actividad real en la actualidad”.
Desde Compromís se preguntan si se trata de una simple “casualidad” o si existe algún otro motivo detrás de la concesión de esta subvención, que coincide con el anuncio de la apertura de la Casa del Relojero como futuro centro de interpretación del Santo Cáliz.
En definitiva, para Puchades, las ayudas directas de Catalá, es decir, aquellas que se otorgan a dedo y sin ningún tipo de concurso público, están siendo “totalmente partidistas y sectarias”, como en el caso de entidades que operan al margen de la institucionalidad o de otras que acaban de crearse y no tienen una justificación real para ser beneficiadas con dinero público.