La regidora Lucia Beamud advierte de que, en los dos meses posteriores a la tragedia, el gobierno de María José Catalá no ha contado ni ha querido escuchar la palabra de los migrantes afectados por la dana a través de sus colectivos y las principales herramientas de las cuales dispone el ayuntamiento, como es el consejo de Inmigración.
Según datos de Oxfam Intermón, entre 28.000 y 41.000 personas en situación irregular fueron afectadas por la dana del 29 de octubre (entre ellas, 26 de las 223 vidas perdidas), la mayoría invisibles a los ojos del Estado y, por lo tanto, excluidas de cualquier ayuda oficial o medida destinada a la recuperación. Y es que, a pesar de que tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno de España han puesto en marcha ayudas de urgencia, estas presentan obstáculos para miles de personas migrantes; como contar con un DNI o NIE, disponer de una cuenta bancaria, contar con un contrato de trabajo, o de alquiler o hipoteca a su nombre; o tener título de propiedad del vehículo perdido, entre otros, requisitos inalcanzables para aquellos en situación irregular. Y desgraciadamente, por parte del Ayuntamiento de València (como la administración más próxima a la ciudadanía), tampoco se ha planteado ninguna ayuda, programa o estrategia para atender a este colectivo.
Frente a esa circunstancia, desde Compromís, la regidora Lucia Beamud ha pedido formalmente que el gobierno de María José Catalá convoque de manera urgente el Consejo de Inmigración. ‘Es urgente y muy necesario que se activan todos los medios que tiene el consistorio de participación y escucha activa, también los que están a disposición de este colectivo que ha sufrido de una forma muy concreta y particular los efectos de la dana”, apunta la regidora valencianista, que señala que si “Catalá tiene voluntad real de dialogar sobre lo que ha pasado y qué y cómo se tiene que actuar en los tres pueblos afectados por la dana (La Torre-Faitanar, Forn d’Alcedo y Castellar-L’Oliveral) tenemos que escuchar y poner todos los mecanismos al alcance de la ciudadanía y las asociaciones de todas las personas que los habitan”.
En ese sentido, sostiene Beamud, “el Consejo de Inmigración ha demostrado a lo largo del tiempo que es una buena herramienta para que las asociaciones de personas migrantes y de asociaciones que trabajan para personas migrantes colaboren planteando las estrategias necesarias para dar respuesta a las necesidades y problemáticas que sufre este colectivo. La reconstrucción lo tenemos que hacer contando a todas las personas, no atender a esta diversidad supondría dejar a muchas personas atrás”.
Hay que recordar que a pesar de estar en proceso de desintegración por decisión unilateral del nuevo gobierno municipal del bipartito PP-Vox, los Consejos de Cooperación e inmigración permanecen todavía operativos, y la circunstancia actual los señala como una herramienta fundamental de escucha activa por parte de los servicios y gobernantes municipales de los colectivos que los integran. Por ese motivo, desde Compromís se pide su convocatoria urgente para evaluar la situación de las personas migrantes, tanto en situación regular como irregular, afectadas por la dana; adoptar medidas específicas para asegurar que estas personas puedan acceder a ayudas y recursos sin discriminación administrativa; y establecer alternativas concretas por aquellos que han perdido su documentación y que queden fuera de los trámites actuales, entre otros.