El bipartito PP-Vox dará por buena la ordenanza que —como se advirtió desde Compromís— entre otras externalidades atraerá los vehículos más contaminantes rechazados por las principales capitales de España y Europa y dejará fuera de sus posibles beneficios a los barrios del Marítim y el perímetro sur de la ciudad, que se convertirán a su vez en el aparcamiento de los que no puedan entrar en la ZBE.
El gobierno municipal de València que dirige María José Catalá ha programado para la próxima comisión de Patrimonio del próximo martes 18 la aprobación inicial de la Ordenanza de Bajas Emisiones, en la cual ha rechazado una por una todas las alegaciones presentadas por Compromís. En algún caso —como indica el extitular de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi— con justificaciones que contradicen precisamente los motivos para plantearlas. Estas son las más significativas:
Marítim y barrios del sur, aparcamiento de vehículos contaminantes
El gobierno ha rechazado la propuesta de no excluir de las ventajas de la ZBE a los barrios del sur y del Marítimo y ha utilizado como argumento para ello precisamente la recomendación recogida en las Directrices para el establecimiento de ZBE realizado por el Ministerio, que la superficie “debe desincentivar el ‘efecto frontera’, entendido como el desplazamiento de los vehículos y sus emisiones desde el área restringida hacia las zonas adyacentes, sin reducción del tráfico en el conjunto del municipio.”
Grezzi: “Es un sinsentido absoluto. Catalá no solo va a permitir que todos los barrios del Marítimo o los del sur, como Sant Isidre, Turianova, Sant Marcel·lí, La Llum o Soternes, padezcan los efectos del efecto frontera de su diseño de ZBE, sino que el o la iluminada que ha rechazado nuestra enmienda, se justifica explicando precisamente las externalidades negativas de su diseño en estos barrios, y diciendo a todo el mundo que el Ministerio técnicamente ya anticipaba que algún despistado no lo preveería y desde el Ministerio lo desaconseja. No se puede ser más torpe”.
La Fe como excusa
El gobierno de Catalá, al igual que cuando declaró tras la dana no se habían producido daños en València, considera en su informe que los barrios excluidos de la ZBE no forman parte de la ciudad, ya que “se han seleccionado el anillo perimetral de las rondas de la ciudad para garantizar que se pueda circunvalar la ciudad sin acceder a la misma”. Pero si eso no fuera suficiente, asegura que “se ha tenido en cuenta que la mayoría de hospitales de referencia están fuera del perímetro (La Fe, Hospital General…)”, obviando el hecho de que manteniendo la ronda como paso excluido de la ZBE para que sirva de paso, las cámaras de control pueden perimetrar tanto para proteger a los barrios al norte de la misma como a los que le quedan al sur (y también a los del este), y tanto La Fe como el Hospital General tienen acceso directo por la Ronda Sur, por lo que quedarían igualmente fuera de la ZBE en caso de aceptarse la enmienda protectora de Compromís.
Grezzi: “Que Catalá señale a los hospitales como excusa para no proteger a los vecinos de Sant Isidre, San Marcel·lí, Turianova o La Llum ya es el colmo. No solo porque nadie solicitó que los hospitales estuvieran dentro de la ZBE, y que estén fuera no es incompatible con que los barrios lo estén, sino porque dejar los hospitales fuera de la ZBE pero sí incluir a estos barrios igual aliviaría a sus vecinos de los problemas de estacionamiento ilícito que les generan los hospitales actualmente y que el gobierno de Catalá se niega a solucionar. En cambio, lejos de ayudarles a solucionar los problemas de estacionamiento que ya tienen, Catalá les va a generar más. Difícilmente se puede hacer peor”.
La salud pública de los valencianos, fuera del interés general del PP para no poner coto a furgonetas y camiones contaminantes
El gobierno de Catalá, a su vez, ha justificado en un artículo de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el hecho de que la ZBE de València vaya a ser la única del mundo que dé carta blanca para contaminar a los vehículos de empresa, distribución y logística en lugar de ser los que fundamentalmente han de adaptarse para conseguir los objetivos que se persiguen con la ZBE. Concretamente, citan, “cualquier límite o requisito deberá guardar relación con la razón imperiosa de interés general invocada”.
Grezzi: “Es curioso que el PP valenciano sea el único de España que esgrima estas leyes para dejar sin efecto real su ZBE. Ni siquiera las empresas, que han adaptado y siguen adaptando sus flotas en todas las ciudades han señalado estas leyes para dejar de hacerlo y tumbar todas las ZBE. Igual es porque la salud pública y las directrices europeas para poner en marcha las ZBEs sí son una razón de imperiosa necesidad de obligado cumplimiento, pero Catalá, como es tradición en el PP, se cree que está por encima de la ley. Lo malo es que Hasta que le llamen al orden, los valencianos nos tendremos que chupar los humos de los vehículos que no quieran en ningún sitio del mundo”.
València, fuera del consenso español y europeo
Igualmente el gobierno de Catalá ha rechazado incluir los vehículos con etiqueta B en la lista de vehículos limitables ahora o en un futuro próximo, dando la espalda al criterio de las ZBE de las grandes capitales de España y Europa, lo que posibilitará que los vehículos descartados en aquellas ciudades por su nocividad puedan gozar de una segunda vida aquí. El argumento municipal: “las restricciones “serán proporcionales a los objetivos de calidad del aire y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que se hayan dispuesto, lo cual deberá estar suficientemente motivado”“.
Grezzi: “Desconocemos la voluntad por la que Catalá quiere destacar como la alcaldesa que menos voluntad tiene de proteger a sus ciudadanos, pero lo cierto es que mientras las grandes capitales de España y Europa ambicionan la mejor calidad de aire posible para sus habitantes, y para ello incluyen los vehículos tipo B, Catalá baja a València a la segunda división y dispone que quiere mitigar menos emisiones y por tanto da la bienvenida a esos vehículos contaminantes. Desconocemos si algún amigo suyo tiene un negocio de coches de segunda mano, pero desde luego, si no rectifica, su amigo podría vender mucha chatarra contaminante descartada de otras ciudades para que contamine por nuestras calles”.
Rechazo a compensar la retirada de vehículos con abonos de transporte
Grezzi: “La excusa de rechazar compensar la retirada de los vehículos más contaminantes con abonos anuales de la EMT alegando que València no puede dar títulos de Metro es bastante peregrina, porque dado que la competencia municipal es sobre la gestión de la EMT y sobre los vehículos matriculados en València, puede compensar perfectamente a los que cumplen esos requisitos. Todo para justificar lo injustificable: que vehículos contaminantes de hace 25 años puedan seguir circulando y perjudicando la salud de valencianos y valencianas, lo que no es ni proporcional ni útil para mejorar la vida de la gente como intenta hacernos creer el gobierno de Català”.
Sin controles anuales
El gobierno también ha rechazado la propuesta de Compromís de hacer un seguimiento anual del grado de cumplimiento de los objetivos de mejora de la calidad del aire y la mitigación de gases de efecto invernadero. “El calendario propuesto por el grupo Compromís se considera excesivamente corto” indican, recordando que “el artículo 12 del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, ya prevé que la monitorización, evaluación, seguimiento y publicación […] cada cuatro años”.
Grezzi: “Casualmente en lo único que Catalá sigue a rajatabla el Real Decreto es en publicar cada cuatro años la evolución de la efectividad de su ZBE, quizás para ocultar el mayor tiempo posible que seguramente el empastre de ZBE que proponen no funcionará y no ayuda a la reducción de la contaminación. Si no tuvieran nada que ocultar tampoco tendrían problema en demostrar su éxito cada año en beneficio de todas las personas habitantes de la ciudad”.