Compromís denuncia que la aparente orden del gobierno municipal de PP y Vox a los agentes de la Policía Local de no sancionar a los vehículos que estacionan en aceras y calles peatonales a pesar de las quejas y denuncias vecinales, obliga a la ciudad a compensar con 2’2 millones de euros a la grúa por servicios no realizados.
Así se desprende de los datos obtenido por el concejal de Compromís per València, Giuseppe Grezzi, en los que se recoge que el pasado año 2024 el Ayuntamiento ingresó poco más de 2’3 millones de euros por las entradas de vehículos, mientras que el importe anual al que se ha obligado el consistorio por contrato con la empresa concesionaria asciende a más de 4’5 millones de euros al año. La diferencia pues, entre lo que se ingresó por el trabajo que la Policía Local (que dirige el concejal Jesús Carbonell) encargó a la grúa, y lo que los técnicos municipales determinaron en su día que sería lo mínimo que ingresaría la concesionaria de la grúa por las necesidades de su servicio que tiene la ciudad, fue de 2’2 millones de euros, que ahora tendrán que salir de las arcas públicas municipales.
“Un atraco a la ciudadanía”
“Que los valencianos tengamos que perder 2’2 millones de euros es un escándalo. Ya lo sería si se debiera a un error de cálculo de los funcionarios que hicieron el contrato, a los que habría que pedirles explicaciones por este gravísimo agujero. Pero dándose la circunstancia de que los vecinos de València están reclamando constantemente la intervención de la Policía Local y los servicios de la grúa para solucionar los graves problemas de inseguridad vial que padecemos por la cantidad de coches y motos aparcadas a todas horas en calles peatonales y aceras y zonas señaladas como prohibidas, es obvio que no se trata de un error de los técnicos, sino de una decisión política: la del concejal Carbonell y la alcaldesa Catalá de no sancionar a los infractores y cargarnos a todos los valencianos la cuenta”, resume Grezzi la gravedad de lo que considera “un atraco a la ciudadanía”.
Lo cierto es que las cifras de retiradas de vehículos mal estacionados que acompañan a la recaudación avalan el argumento del concejal de Compromís. La media mensual de intervenciones de la grúa en 2024 (el total de intervenciones fue 16.441) es de 1.370 intervenciones al mes, lo que da una media de 45 intervenciones al día. “Ahora mismo, solo en la plaza peatonal de la avenida del Oeste con la calle Hospital, ya hay más de 45 motos aparcadas ilegalmente anulando el espacio peatonal. Y si ampliamos las mal aparcadas en aceras de menos de 3 y dos metros, calles peatonales y bajo señales de prohibido estacionar motocicletas en un radio de 200 metros de esa plaza, el número de infractores a los que no se está multando y cuyas motos no se retiran difícilmente bajará de los 300. En solo un rincón reducidísimo de la ciudad, aunque prácticamente en la cara de la alcaldesa”, apunta Grezzi. “Y si tuvieran a bien atender las denuncias ciudadanas sobre la ocupación de coches en zonas peatonales que reciben de todos los barrios de València, la gente ganaría en seguridad y accesibilidad y no tendríamos que despilfarrar esos más de 2 millones de euros que se pondrían invertir en mejor los servicios que han deteriorado en menos de dos años de gobierno”.
En cualquier caso, lo más grave para el concejal valencianista es que “si Catalá y Carbonell dejaran a la Policía hacer su trabajo en lugar de amparar a los infractores”, la situación se corregiría rápidamente. “No se multaría y se retirarían coches, motos y camiones constantemente, simplemente la mayoría dejaría de incumplir la ley y empezaría a respetar las normas porque sabría que no hacerlo tiene un coste y que la ciudad y la policía protegen a sus vecinos”, recuerda el ex concejal de Movilidad Sostenible el papel disuasorio y de garante de la seguridad vial del servicio de grúa. “Sin embargo, el gobierno Frankenstein ultra de Catalá ha optado desde sus inicios por favorecer a los infractores y además pasarnos a todos la factura, no solo la que pagamos con el deterioro de la seguridad vial en la ciudad, sino también la económica, porque estos 2’2 millones que tendrían que pagar los caraduras que aparca donde está prohibido los estamos pagando entre todos de dinero que debería destinarse a otros fines”, concluye.