• La concejala Eva Coscollà denuncia que la mala gestión y la falta de previsión en la contratación provoca que se esté facturando “sin los controles y garantías propios de la contratación pública, con incrementos de costes y sin ninguna supervisión”

La concejala de Compromís, Eva Coscollà, denuncia que actualmente no existe ningún centro de día municipal o concertado por el Ayuntamiento de València que esté funcionando con un contrato en vigor, lo que compromete gravemente la legalidad y la transparencia en la prestación de un servicio esencial para las personas mayores y sus familias.

Esta situación afecta tanto a los centros de titularidad municipal (La Puríssima, Tres Forques, Arniches y L’Amistat) como a los centros privados con plazas públicas financiadas por el consistorio (Bon Dia y Bulevar).

Los contratos de gestión de los cuatro centros municipales expiraron entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2025. A pesar de que la Delegación de Mayores aprobó la tramitación urgente el pasado 9 de mayo, a día de hoy la licitación todavía no se ha publicado. Este retraso ha derivado en una situación en la que los servicios se están prestando sin cobertura contractual.

Respecto a los centros concertados, Bon Dia (gestionado por Pastor Castellote SL) y Bulevar (gestionado por La Saleta Care SL), tampoco disponen de contratos vigentes. Sus contratos finalizaron el 31 de julio de 2023, y desde entonces prestan servicio mediante acuerdos de continuidad por interés general, con incrementos de facturación del 23,46 % y 26 % respectivamente, solicitados por las empresas y aprobados por informes internos.

En el caso del centro Bon Dia, la situación es especialmente grave: el 27 de septiembre de 2024, la Junta de Gobierno Local acordó una continuidad excepcional de hasta dos años (hasta el 31 de julio de 2026), restringiendo nuevas altas y prometiendo reubicar gradualmente a las personas usuarias. Mientras tanto, quienes estaban en la lista de espera de este centro están siendo derivadas a otros recursos sin garantías ni plazos claros.

La concejala Eva Coscollà considera que estamos ante “un caso flagrante de mala gestión y falta de previsión”. “El gobierno municipal ha dejado caducar todos los contratos, poniendo en riesgo la legalidad y la transparencia en la prestación de un servicio esencial. Además, se está facturando sin los controles y garantías propios de la contratación pública, con incrementos de costes y sin ninguna supervisión. Mientras tanto, las trabajadoras siguen reclamando mejoras laborales y las familias sufren la incertidumbre de no saber si podrán mantener la plaza”, explica la edil valencianista.

Compromís per València exige la publicación inmediata de los pliegos, la tramitación urgente de las licitaciones y un calendario claro para garantizar la regularización de los servicios y la protección de los derechos de las personas mayores y sus familias.