· Compromís advierte de que el gobierno municipal de PP y Vox reduce el uso y la recaudación de la grúa en lo que llevamos de 2025 tras verse forzado a indemnizar con 2’2 millones de dinero público a la empresa prestadora del servicio por infrautilizarla en 2024 pese al elevado grado de infracciones viarias y las constantes reclamaciones vecinales para que se acabe con ellas.
· En lo que llevamos de 2025 el agujero de dinero público generado por la gestión del PP ya superaría los 1’5 millones de euros.
2’2 millones de euros de dinero público de los vecinos de València acabaron el pasado año destinados a indemnizar a la empresa concesionaria del servicio de la grúa en la ciudad en lugar de a otras necesidades porque, a pesar de la necesidad de sus servicios para retirar la multitud de vehículos mal estacionados por infractores a lo largo y ancho de la ciudad, la Policía Local a las órdenes del Concejal Jesús Carbonell requirió de sus servicios mucho menos de lo calculado por los técnicos municipales para solucionar el problema de estacionamiento irregular en el espacio público de la ciudad.
No obstante, pese al toque de atención de Compromís del pasado mes de marzo denunciando este inútil vaciado de las arcas públicas por el gobierno municipal cuando el servicio de grúa es requerido por la ciudadanía, la dinámica, lejos de cambiar parece estar agravándose. Así lo denuncia el concejal de la formación valencianista, Giuseppe Grezzi, que advierte de que, a la vista de la recaudación de lo que llevamos de 2025, el agujero en las arcas públicas a consecuencia de la mala gestión del gobierno de Catalá podría acabar siendo mayor este año.
1’5 millones de euros en lo que llevamos de 2025
Así lo acreditan los datos aportados por el gobierno municipal a pregunta de Grezzi, que reflejan una recaudación entre enero y agosto de 2025 prácticamente inferior en 100.000 euros respecto a lo deficitariamente recaudado en el mismo periodo de 2024. Si entonces la grúa había realizado servicios por un valor de 1.560.448€, en lo que va de año la cifra apenas alcanza 1.473.106€, cuando el estimado que debería ingresar la empresa por el estimado de vehículos mal estacionados que cabría retirar en la ciudad hasta finales de agosto sería de 3 millones.
“Hablamos de que a estas alturas de año, si la dinámica de carta blanca a los infractores de tráfico de María José Catalá no cambia, los valencianos ya habríamos perdido 1’5 y medio de euros. Y todo porque el PP y Vox consideran que los valencianos preferimos tener una ciudad tercermundista en la que un reducido número de incívicos aparquen como les dé la gana, deteriorando el espacio público, a ser una ciudad segura en la que todas respetamos las normas de convivencia y la corrupción se persigue”, resume Grezzi.
“Pero Catalá y Carbonell se equivocan y el malestar de la ciudadanía es ya un clamor”, sostiene el concejal de Compromís, que recuerda que el último barómetro municipal acredita el descontento de los vecinos de València con la gestión de la movilidad del gobierno de PP y Vox que lo han pasado de situar como el octavo problema de la ciudad al cuarto en tan solo un año.
El PP, a gusto con el contrato
Cabe recordar que, cuando Compromís denunció la pérdida de 2’2 millones de euros generada por la gestión de la grúa por el bipartito ultra el pasado año, el gobierno alegó que se trataba de un contrato heredado con el que no estaban de acuerdo. Sin embargo, como recuerda Grezzi, sus acciones desmienten sus excusas. De hecho, el contracto de la grúa tramitado por los técnicos de la entonces concejalía de Seguridad Ciudadana y adjudicado por el Área de Contratación, entró en vigor el 31 de julio de 2022 por un duración de dos años con posibilidad de prórroga hasta 3 años, pero en lugar de realizar un nuevo contrato el concejal Carbonell lo prorrogó el 1 de agosto de 2024 y lo ha prorrogado de nuevo este año.
“Si no está conforme, dando a entender una acusación a los funcionarios, ¿por qué no lo ha cambiado en los más de dos años de gobierno?”, se pregunta el ex concejal de Movilidad durante el gobierno del Rialto. “Lo cierto —continúa— es que el contracto está bien hecho, porque tristemente muchas calles, aceras y espacios peatonales están inundados por vehículos que deberían ser retirados por la grúa y si se retiraran como desean los vecinos no habría agujero alguno: la carga de las infracciones la asumirían los infractores hasta que dejaran de serlo”.
Lo ideal, concluye Grezzi, “sería que la grúa actuara poco, y cada vez se impusieran menos multas en una ciudad que funcionara perfectamente. Pero para alcanzar ese punto virtuoso los infractores han de temer a la grúa, y el concejal Carbonell, consentido y avalado por la alcaldesa Catalá, parece haber dado órdenes específicas de no hacer actuar a la grúa y amnistiar a los infractores. ¿El resultado? Que en lugar de mejorar, el espacio público se ha deteriorado notablemente en dos años de gobierno de Catalá, y encima pagamos justos por pecadores, porque la factura de la amnistía de PP y Vox a los infractores también la pagamos nosotros”. En lo que llevamos de 2025, 1’5 millones y subiendo.