• La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, asegura que la movilización ciudadana demuestra que es “un cambio innecesario, caro y sin apoyo social”
  • El concejal Pere Fuset explica que la alcaldesa “bordea la prevaricación” sabiendo que contraviene la la legalidad vigente

Compromís per València ha calificado como “histórica” la contestación ciudadana al cambio de nombre de València impulsado por el gobierno de María José Catalá. Según ha explicado la portavoz de la formación, Papi Robles, se han presentado más de 950 alegaciones a la propuesta, de las cuales solo 40 a favor. La abrumadora mayoría son en contra.

“A nivel formal, nunca se había visto una contestación ciudadana tan contundente contra una iniciativa del Ayuntamiento de València. Y el mérito es todo de la señora Catalá. Es un rechazo casi total de la ciudadanía a una ocurrencia que no aporta nada. Hablamos de un cambio innecesario, caro y sin apoyo social”, ha denunciado Robles. La concejala ha recordado que, en 2017, con la normalización del nombre aprobada bajo la alcaldía de Joan Ribó, solo hubo cinco alegaciones, “y ninguna de ellas cuestionaba que el nombre oficial fuera en valenciano”.

Marginan el valenciano

Para Compromís, la iniciativa de Catalá responde únicamente a la necesidad de generar conflicto y tapar su falta de gestión. “Catalá abre polémicas estériles e intenta hacer desaparecer el valenciano. Su única intención es desviar la atención de lo que realmente importa: una ciudad más sucia que nunca, la vivienda inaccesible, el aumento del tráfico, la pérdida de confianza en la EMT o la seguridad, problemas que están peor ahora que hace dos años”, ha señalado Robles.

En la misma línea, el concejal Pere Fuset ha recordado que desde 2009 existía consenso político y social en torno al nombre de la ciudad: “Incluso Rita Barberá aceptó el dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y en 2015 todos los partidos, también el PP, lo aprobaron por unanimidad. No había conflicto ni problema hasta que Catalá, de acuerdo con Vox, ha decidido romper el consenso e inventar una polémica inexistente”. Además Fuset ha considerado que la alcaldesa “bordea la prevaricación” sabiendo que contraviene la la legalidad vigente.

Fuset también ha subrayado el impacto económico que tendría el cambio de nombre: “Modificar rótulos, señales y documentos oficiales podría costar millones de euros. Un gasto absurdo e injustificado mientras la ciudad arrastra problemas urgentes que siguen sin respuesta”.

El concejal valencianista ha apuntado que, legalmente, la normativa es clara: “Los topónimos oficiales deben estar en valenciano. Así es ahora, así es desde hace años, sin ningún tipo de problema ni contestación social. Con casi 900 alegaciones en contra, el mensaje es claro: la gente no quiere este cambio”.

Movilización sin precedentes

Compromís ha destacado que pocas veces la ciudadanía se ha movilizado tanto en la presentación de alegaciones. “Catalá ya acumula dos contestaciones masivas en pocas semanas: el Plan Director de la EMT y ahora el cambio de nombre de la ciudad, y eso en pleno verano. También las más de 4.000 denuncias de apartamentos turísticos que registró la web quenotetiren.com. La gente ha demostrado que no quiere división, y que quiere soluciones a los problemas reales”, ha señalado Robles.

La portavoz ha remarcado también que la participación ciudadana ha venido para quedarse: “Catalá huye de la participación, pero la participación es más rápida. Estamos muy contentos y muy satisfechos de la movilización ciudadana y Catalá debería reflexionar”.

Catalá quiere dinamitar el consenso

Robles ha defendido que el nombre de València “es un consenso que nos une como valencianos y valencianas, y que Catalá quiere dinamitar para enfrentarnos”.

“Es una cortina de humo para tapar su inacción. Nuestra obligación es cuidar la ciudad, no manipular su nombre. Por eso le pedimos a Catalá que retire esta propuesta absurda y divisoria, que respete el consenso de Rita Barberá y Joan Ribó y que se dedique a los problemas reales de la gente. No le pagan un sueldo para crear problemas sino para resolverlos”, ha concluido la portavoz.