• La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, lamenta que la alcaldesa “hace y deshace a su antojo” y censura “propuestas vecinales por motivos políticos”
  • La concejala Lluïsa Notario exigirá el acceso a todos los informes técnicos y expedientes de los proyectos rechazados, así como la reevaluación de las propuestas excluidas por criterios políticos o discrecionales

Compromís per València ha denunciado esta mañana “las irregularidades, la censura y la falta de transparencia” en los Presupuestos Participativos de 2025 tras analizar en profundidad los resultados de la fase técnica publicada por el Ayuntamiento. La portavoz de la coalición, Papi Robles, y la concejala Lluïsa Notario han comparecido en rueda de prensa para acusar al gobierno de María José Catalá de “convertir un proceso ciudadano en un ejercicio de manipulación política”.

Según Papi Robles, el gobierno municipal “ha defraudado la confianza de miles de personas que han dedicado tiempo a pensar y votar propuestas para mejorar sus barrios”. Ha remarcado que Catalá y Vox “no creen en la participación ciudadana como herramienta de transformación, porque cambian las reglas a mitad del partido, censuran iniciativas y ocultan información”.

“La ciudadanía ha perdido tiempo e ilusión. Ha hecho propuestas, ha votado y ha participado de buena fe, pero se ha encontrado con un gobierno que hace trampas y elimina todo lo que no encaja con su modelo de ciudad. Es un fraude democrático”, ha asegurado la portavoz de Compromís.

La concejala Lluïsa Notario ha detallado que, de las 2.780 propuestas presentadas, 940 han sido rechazadas, y de estas 295 lo han sido por motivos discrecionales o políticos (listado al final), “una cifra escandalosa que desmiente el relato triunfalista de Catalá y evidencia que el gobierno no cree en la participación”.

El análisis elaborado por Compromís, que revisa una a una las 940 propuestas descartadas, revela que una de cada tres propuestas se ha rechazado por decisiones discrecionales o políticas, y que muchas de las denegaciones “no cuentan con informes técnicos firmados ni con motivación documentada”. “Estamos convencidas de que los y las técnicas han hecho su trabajo hasta donde les han dejado, pero que la motivación política está detrás de la decisión final”, ha subrayado Notario.

La edil ha explicado que, en numerosos casos, “se han calificado erróneamente como espacios no municipales terrenos que sí son de titularidad pública —como un edificio en la calle San Vicente Mártir o un quiosco en Blasco Ibáñez—, o se han desestimado proyectos con la excusa de que ya están previstos sin mostrar ningún expediente que lo acredite, y vamos a solicitarlo por escrito”. También ha denunciado “inversiones rechazadas por etiquetarlas como gasto corriente o por falta de diálogo con otras administraciones”.

Veto político

“Lo más grave es el veto político introducido con la nueva instrucción del 3 de octubre, que excluye propuestas sobre movilidad o urbanismo que no se ajustan al modelo del PP. Es censura pura y dura: no quieren ni oír hablar de reducir el tráfico o ganar espacio para los peatones”, ha advertido Notario.

Compromís ha anunciado que exigirá el acceso a todos los informes técnicos y expedientes de los proyectos rechazados, así como la reevaluación de las propuestas excluidas por criterios políticos o discrecionales. También reclaman que se publique en el Portal de Transparencia “toda la información completa y firmada” y que se retire la instrucción que veta propuestas de movilidad sostenible o recuperación de espacio público.

“Si una propuesta no encaja tal como está redactada, hay que hablar con el vecindario y reformularla, no tumbarla directamente. Este gobierno no escucha, no dialoga y actúa de espaldas a la gente”, ha denunciado la portavoz Papi Robles. “Catalá ha convertido los Presupuestos Participativos en un decorado. Nosotras queremos recuperarlos como una herramienta viva para mejorar los barrios y construir una València más justa y participativa. Hoy, la democracia local está en juego”, ha concluido la dirigente valencianista.

EJEMPLOS DE EXCLUSIONES POR MOTIVOS DISCRECIONALES O POLÍTICOS

Falta de transparencia: las bases exigían informes técnicos; en muchos casos encontramos «comentarios del servicio» sin fundamentación técnica ni firma responsable.

Espacios calificados como «no municipales» cuando sí lo son (o lo son parcialmente): se han rechazado actuaciones en suelo o equipamientos de titularidad municipal. Ejemplos:

Mantenimiento y conservación: el Ayuntamiento sí tiene competencia en actividades como el mantenimiento de los centros escolares. Ejemplos:

Inversiones mal clasificadas: mejoras evidentes de inversión se tumban por etiquetarlas como corriente. Ejemplo:

Rechazo sin alternativas: cuando una propuesta no encaja tal cual, no se ofrece ninguna vía de adaptación (cambio de zona, reformulación). Ejemplo:

  • Skatepark Rascanya: En la propuesta no se detalla ningún lugar específico para hacer el skatepark, pero en el plano está marcado el IES Orriols (puede ser de forma aleatoria) y por eso se descarta, sin tener en cuenta que en la descripción solo dice que hay muchos lugares donde ponerla. https://vlcparticipa.valencia.es/budgets/8/investments/8362
  • Skatepark público València: En la propuesta no se detalla ningún lugar específico para hacer el skatepark, pero en el plano está marcada la Torre de Miramar y, al no ser un espacio municipal, se descarta. https://vlcparticipa.valencia.es/budgets/8/investments/9460

No diálogo con otras administraciones: se deniega por «no competencia» sin activar coordinación para hacerla posible. Ejemplos:

Bloqueo urbanístico preventivo: se rechazan propuestas alegando que tienen un coste demasiado elevado, sin permitir iniciar los trámites (por ejemplo, redacción de proyecto). En el anterior mandato, los proyectos complejos se abordaban por fases.

Por otra parte, han cambiado las bases a mitad de partida: la nueva instrucción del 3 de octubre veta actuaciones que afectan a movilidad o urbanismo, aplicándose a posteriori (censura ad hoc).

  • Hay 23 casos que se han rechazado acogiéndose a este cambio de ley. Lo que esconde es una decisión política para no interferir en el modelo de ciudad de Catalá, que no es el mismo que quieren los vecinos: reducción de aparcamientos, más espacio para la bici y transporte público…
  • La única posibilidad de inviabilidad es con un informe técnico, lo dicen las bases claramente. Por lo tanto hay un incumplimiento de las bases. La voluntad política de reducir y controlar la voz de los barrios de Catalá no se puede imponer a la normativa y las reglas.