- El informe final de la Oficina por el Derecho a la Vivienda destaca la tramitación de 10.444 casos y la suspensión de 215 desahucios de familias. El 71,8% de las consultas fueron realizadas por mujeres.
- La portavoz de Compromís, Papi Robles, lamenta que el gobierno del PP y Vox “abandone a las personas y premie a los especuladores”.
Compromís per València ha denunciado esta mañana que el gobierno de María José Catalá “ha dejado tiradas a miles de familias” al cerrar la Oficina por el Derecho a la Vivienda, un servicio público que durante cuatro años “atendió casi 1.500 casos en la ciudad y fue clave para evitar desahucios, mediar con propietarios y ofrecer apoyo a personas en situación de vulnerabilidad”.
La portavoz de la formación, Papi Robles, ha explicado que el gobierno del PP y Vox “está dando la espalda al principal problema que tienen los valencianos y valencianas: acceder a una vivienda digna”. Según Robles, “Catalá regala suelo público a promotores privados mientras abandona a las familias trabajadoras. Ha premiado a los especuladores y castiga a quienes solo quieren un techo donde vivir”, una política que, según ha recordado, se ha evidenciado recientemente con la permuta de 39 viviendas en Patraix.
Según los informes finales de la Oficina por el Derecho a la Vivienda —a los que Compromís ha tenido acceso y que el Ayuntamiento no ha hecho públicos—, entre 2021 y 2025 el servicio atendió a más de 6.000 familias y registró 10.444 actuaciones entre asesoramientos, mediaciones y suspensiones de desahucios. “Solo en ese periodo se lograron suspender 215 desahucios de familias y reubicar a 55, siete de ellas en vivienda pública. Es una labor inmensa que ahora se pierde por pura dejadez política”, ha denunciado Robles.
Un drama cada vez más transversal
El informe, que el gobierno de Catalá no ha difundido, muestra además que el 73% de los casos estaban relacionados con problemas de alquiler, como subidas abusivas, contratos precarios o conflictos con la propiedad. “El drama de la vivienda es cada vez más transversal: ya no afecta solo a quien no tiene ingresos, sino también a trabajadores y familias con sueldos estables. Una de cada tres personas atendidas tenía ingresos superiores al salario mínimo. Es decir, trabajar ya no garantiza poder pagar un alquiler”, ha lamentado la portavoz valencianista.
La concejala ha destacado además que la mayoría de las personas atendidas por la Oficina eran mujeres (71,8%), muchas de ellas familias monoparentales (24%) y hogares con menores a cargo (59%). “Es un problema con rostro femenino e infantil. Cuando una madre con hijos a su cargo pierde la vivienda, no es una estadística, es un fracaso colectivo. Y Catalá las ha dejado solas”, ha afirmado Robles.
Para Compromís, el cierre de la Oficina “no solo es un error político, es un acto de insensibilidad”. “Era un servicio que mediaba, asesoraba y acompañaba. Ayudaba a resolver conflictos antes de que acabaran en los juzgados o en la calle. Era una herramienta de humanidad, y Catalá la ha eliminado sin ofrecer ninguna alternativa”, ha denunciado.
“Este gobierno no entiende que resolver el problema de la vivienda también significa acompañar, escuchar y apoyar. El Ayuntamiento no puede convertirse en una máquina de papeleo mientras las familias pierden su casa. Hacen falta todas las herramientas, y la Oficina por el Derecho a la Vivienda era una de ellas”, ha añadido Robles.
La portavoz de Compromís ha anunciado que su formación recuperará este servicio en 2027, cuando vuelva a gobernar la ciudad. “El derecho a la vivienda no puede ser un privilegio, debe ser una realidad. Por eso volveremos a poner en marcha una Oficina que defienda a la gente frente a los abusos y ofrezca soluciones reales. La política debe servir para mejorar la vida de las personas, no para mirar hacia otro lado”, ha concluido.