- La formación valencianista cree que las consecuencias económicas de la negligencia del gobierno local por el desacuerdo de PP y Vox no solo afectarán al bonobús, sino también todas las tarjetas SUMA bonificadas por el Estado, por lo que el gobierno de Pérez Llorca también debería compensar su parte de la pérdida.
- Giuseppe Grezzi: “La ciudadanía no debe pagar la incapacidad de PP y Vox ni a la hora de subir al transporte público ni con nuevas tasas. Si a Catalá sus decisiones le suponen un desajuste en las cuentas, que vuelva a recuperar alguno de los impuestos que quitó a los ricos”.
De todo el baile de cifras que rodea al impacto económico del fracaso de la ZBE redactada entre PP y Vox para la ciudad de València y su no aprobación una pérdida es inequívoca: la de la aportación del Estado a los descuentos en el transporte público urbano y metropolitano. El descuento que aporta el ministerio estaba vinculado a que las entidades locales con obligación legal de disponer de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) la tuvieran ya implantada o se comprometiera a tenerla durante 2025, y el desacuerdo en el seno del gobierno de Catalá por la ZBE suponía la renuncia y devolución de toda esa financiación.
Y como señala Compromís, si las condiciones del Estado no cambian y PP y Vox no acuerdan una ZBE a poner en marcha en València antes del 31 de diciembre, la capital del Túria y su área metropolitana entrarán en 2026 con un transporte público que, por primera vez en los últimos años, no contará con subvención estatal. Por ese motivo, y ante la posibilidad de que el gobierno de Catalá tenga pensado trasladar las consecuencias económicas de su gestión a la ciudadanía, Compromís presentará al próximo pleno una moción para que Catalá se comprometa a mantener el precio del bonobús en el precio actual, se coordine con el gobierno autonómico para hacer lo propio en la tarjeta SUMA y el resto de títulos combinados, y reintroduzca la gratuidad en el transporte público para los menores de 30 años.
También a las SUMA
Y es que, como explica el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, si el Estado mantiene su criterio ligando la ZBE a los descuentos al transporte metropolitano, el incumplimiento de València no solo afectaría en los títulos de la EMT –se calcula que tendría que volver unos 7 millones de euros-, sino también a las tarjetas SUMA y otros combinados con Metrovalència y Metrobús. De hecho, como se puede consultar en la web de la Autoritat del Transport Metropolità de València, hasta 22 títulos disfrutan de la bonificación que se perdería por no haber sido aprobada ni acordada por el gobierno municipal.
“Si Catalá, el PP y Vox no hacen sus deberes, alguien tiene que pagar la factura. O la Generalitat y el Ayuntamiento poniendo más dinero, o la ciudadanía pagando más por el transporte público. Y como la ciudadanía no debe pagar la incapacidad de PP y Vox ni a la hora de subir al transporte público ni con nuevas tasas, si a Catalá, Llorca y sus colegas de Vox sus decisiones le suponen un desajuste en las cuentas, que recuperen alguno de los impuestos que quitaron a los ricos”, apunta Grezzi.
“El descuento debe ser el mismo”
No obstante, aunque la subvención actual estaba también condicionada a que los ayuntamientos y autonomías beneficiarios asumieran como mínimo un 20% de la subvención para recibir el 20% estatal, Compromís exige a Catalá que mantenga el descuento íntegro. “Catalá estará tentada a mantener su porcentaje y tratar de convertir esto en una batallita con Pedro Sánchez, como si la pérdida de la subvención fuera por voluntad del gobierno y no el resultado de su negligencia e incapacidad de gestión. Pero València no se merece más mediocridades de este tipo por parte de su alcaldesa. La gestión ha de ser seria, la respuesta de la alcaldesa a los problemas, especialmente a los que genera ella misma ha de estar a la altura. Y este caso no ha de ser una excepción. Su gobierno ha metido en un lío a València y ha de sacarlo de él. El precio del transporte público para la ciudadanía el próximo 1 de enero ha de ser el mismo y Catalá tendrá que rectificar todo lo que sea necesario para que así sea. Y si no que se exponga a las consecuencias que le dictará la ciudadanía”, concluye Grezzi.