• Compromís denuncia que el gobierno de María José Catalá da por perdida la ejecución del proyecto Ciudades Conectadas de la EMT por el que recibió 12 millones de fondos europeos que deberá devolver, tras penalizar con un millón de euros a la empresa que debía culminarlo y ha incumplido su contrato.
  • Grezzi: “Carbonell se ha convertido en un pozo sin fondo para las arcas municipales, pero Catalá es la principal responsable por mantenerle en su puesto mientras acumula un pufo tras otro.”

El gobierno de PP y Vox ha trasladado esta mañana para su acuerdo en el Consejo de Administración de la EMT la declaración del incumplimiento por parte de la empresa Indra Sistemas, S.A. de la puesta en marcha de la plataforma Ciudades Conectadas y la imposición a la misma de una penalización de 1.010.262,03€, IVA no incluido. Con esto, según denuncia Compromís —que ha hecho público este documento— el gobierno de María José Catalá reconocería su fracaso para llevar adelante su parte en el proyecto ‘Ciudades Conectadas’, la primera plataforma de referencia del ámbito estatal para la implantación, desarrollo e innovación de la movilidad urbana en las ciudades, que València impulsó en octubre de 2021 junto a las ciudades de Gijón, Vitoria, Fuenlabrada, Logroño y Valladolid.

Carbonell, Catalá y el resto del equipo responsable de supervisar la aplicación.

La iniciativa fue entonces merecedora de la financiación de los fondos Europeos NextGeneration (que destinó un total de de 24,9 millones de euros repartidos entre las diferentes ciudades del proyecto, encargadas cada una de desarrollar un parte del mismo), asignados formalmente por el gobierno de España en verano del año 2022, y el 29 de noviembre de 2022 la EMT de València adjudicó a la mercantil Indra el desarrollo de la plataforma por un plazo de 18 meses a contar desde la formalización del contrato. El gobierno de Joan Ribó supervisó los primeros meses de la puesta en marcha, pero el cambio de gobierno en mayo de 2023 trasladó la responsabilidad al gobierno de PP y Vox, el concejal Jesús Carbonell y el nuevo gerente Manuel Martínez. 

A partir de entonces y hasta ahora lo sucedido se puede deducir del relato del informe de propuesta de penalización entregado hoy al consejo de la EMT, donde se recoge que el Ayuntamiento prorrogó en un año el plazo de entrega a la empresa sin penalizarla por el primer incumplimiento; y que así se ha llegado al incumplimiento del segundo. 

Y es el mismo informe el que resume el primer alcance de este incumplimento: “La puesta en marcha final del sistema constituye el hito esencial del contrato, al tratarse del momento en que el proyecto adquiere utilidad real y permite cumplir los objetivos comprometidos ante el Ministerio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El incumplimiento de este hito impide la explotación efectiva de la plataforma; compromete el cumplimiento de los objetivos del proyecto financiado con fondos europeos; afecta a una agrupación de municipios y no únicamente a EMT València; y expone a la entidad beneficiaria a riesgos financieros y de control derivados del marco NextGenerationEU”.

“No se trata de un retraso puntual —continúa el informe—, sino del incumplimiento de un plazo final tras múltiples ampliaciones y advertencias previas, lo que refuerza la gravedad del incumplimiento. Desde el punto de vista económico, en un contrato con un valor estimado superior a 11,6 millones de euros, una penalización de 100.000 euros diarios resulta proporcionada, coherente y alineada con la magnitud del contrato y con el riesgo asumido por la Administración”.

“Hasta 24 millones”

Sin embargo, aunque esa penalización pueda ser ajustada a nivel administrativo, en absoluto sirve para compensar el nuevo agujero creado por la gestión del concejal Jesús Carbonell de este proyecto. Al menos así lo valora Giuseppe Grezzi, que señala que “con este millón no se pueden hacer frente a los 12 que València deberá devolver a Europa y que se le proporcionaron para el proyecto, sino que tampoco a las penalizaciones que ahora se le pueden imputar a la ciudad por incumplir la convocatoria de las ayudas. Hablamos de un coste total que podría rondar los 24 millones de euros”.

Estas cifras, recuerda Grezzi, se suman a los 150 millones iniciales de pérdidas que generará la incapacidad del gobierno de María José Catalá para acordar y poner en marcha una ZBE en València, y como señala, se producen todas en el mismo flanco. “Carbonell se ha convertido en un pozo sin fondo para las arcas municipales, pero Catalá es la principal responsable por mantenerle en su puesto mientras acumula un pufo tras otro”, lamenta Grezzi.

Proyecto Ciudades Conectadas
Esta plataforma digital multi-ciudad pretende integrar todos los modos de transporte de las ciudades, como autobuses, taxis o bicicletas, y combinarlos de forma sencilla en una única app, ofreciendo así una solución de movilidad inclusiva que facilita la intermodalidad, sin necesidad de depender del vehículo privado y con claros beneficios ambientales. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València se encarga de desarrollar un gemelo digital para mejorar la planificación y la gestión de la movilidad sostenible, creando una réplica virtual completa de los flujos de movilidad que, a través de la Inteligencia Artificial, permitirá simular los efectos de las mejoras en la red de transporte intermodal en las ciudades que formen parte de la plataforma. Por ejemplo, se podrá estudiar el impacto de la creación de una nueva línea o la ampliación de un recorrido a la ciudad, teniendo en cuenta otros factores como los niveles de contaminación o el aumento de la seguridad. Europa financió un total de 24,9 M€ (+iva), repartido entre las diferentes ciudades del proyecto, encargadas cada una de desarrollar un parte.