- La institución exige que se facilite a Compromís la información económica de la Fundación, en plena liquidación, con una auditoría con incumplimientos graves y una investigación de Anticorrupción abierta.
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha vuelto a dar la razón a Compromís y ha concluido que el gobierno de Catalá ha vulnerado su derecho fundamental de información al negarse a facilitar datos sobre el grado de ejecución y el gasto ejecutado del Plan de Actuación 2025 de la Fundación València Activa.
La resolución desautoriza de manera contundente la interpretación sostenida por la alcaldía, que había llegado a denegar el amparo, alegando que las preguntas formuladas por la concejala de Compromís, Eva Coscollà, no forman parte del derecho de acceso a la información. El Síndic recuerda que las preguntas son una vía plenamente legítima para ejercer este derecho y que impedirlas vulnera el Reglamento Orgánico del Pleno, la doctrina del Tribunal Constitucional y el artículo 23 de la Constitución española.
Un caso de extrema gravedad institucional
Tal como recuerda Coscollà, esta vulneración del derecho de información se produce en un contexto de especial gravedad por coincidir con una investigación abierta por parte de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con la gestión de la entidad y que ha llevado en la investigación de un concejal de gobierno. «València Activa es una fundación bajo auditoría crítica e investigación de Anticorrupción, negar información no es una cuestión administrativa: es una decisión política muy grave.”
La concejala de Compromís ha recordado que la auditoría de la entidad ya alertó sobre deficiencias graves en la contratación pública, carencia de control efectivo de los procedimientos, problemas en el seguimiento y la justificación del gasto, incumplimientos en materia de transparencia y ausencia de pruebas documentales en aspectos clave de la gestión.
A pesar de este contexto, el Ayuntamiento ha negado reiteradamente cualquier información concreta sobre la ejecución presupuestaria y el gasto realizado durante 2025, escudándose en el proceso de liquidación de la Fundación. Una justificación que el Síndic de Greuges considera injustificada, puesto que València Activa ha estado en funcionamiento durante una parte sustancial del ejercicio y la información solicitada era preexistente, exigible y bajo custodia pública.
“Liquidar València Activa no puede servir para cerrar en falso los problemas ni para evitar asumir responsabilidades. La liquidación de un ente público no puede convertirse en una forma de liquidar también la transparencia.” Así, Coscollà ha exigido en el gobierno de Catalá que acepte las recomendaciones del Síndic de Greuges, facilite de manera inmediata, completa y detallada la información solicitada y abandono una estrategia de opacidad que, según ha advertido, “debilita el control democrático y deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.