- En solo un año se han disparado un 68 % los contratos que permiten alquilar una vivienda cada 11 meses, pero Compromís alerta de un doble fraude: “Se utiliza para esquivar la normativa del alquiler turístico y también para eludir la normativa de larga duración”
- Compromís reclama una moratoria para los alquileres tradicionales de cinco años sin subidas de precio y una nueva ley que ponga freno a la especulación del alquiler de temporada
La situación de la vivienda en València ha entrado en una fase crítica marcada por la explosión del alquiler de temporada, que ha crecido un 68 % en el último año en la ciudad, una fórmula pensada para casos puntuales que se ha convertido en una vía masiva para esquivar los derechos de las personas inquilinas. Así lo ha denunciado Compromís per València en una rueda de prensa conjunta de su portavoz municipal, Papi Robles, y del diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, con datos que desmontan el relato oficial y ponen cifras a una realidad cada vez más extendida y a una dinámica de expulsión del vecindario de sus barrios. Además, el diputado ha anunciado una propuesta de ley para frenar este grave problema.
La portavoz del primer partido de la oposición, Papi Robles, ha explicado que el alquiler de temporada “se ha convertido en el refugio perfecto para quien quiere eludir duraciones mínimas, estabilidad, límites de precio y derechos básicos”. La concejala alerta de “un doble fraude”: “Se utiliza para esquivar la normativa del alquiler turístico y también para eludir la normativa de larga duración”. Una situación que, ha subrayado, “no es una opinión de Compromís, sino lo que dicen los datos”.
Robles ha citado el informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Comunitat Valenciana —pese a las discrepancias que mantiene con su autor—, que muestra un crecimiento fulgurante de esta modalidad. En solo un año, los contratos temporales han pasado de representar el 21,4 % del total a finales de 2024 al 36 % a finales de 2025, un incremento del 68 %. Además, en plataformas como Idealista, casi uno de cada cuatro anuncios de alquiler ya es de temporada. “Y todo esto ocurre en València sin haber declarado zona tensionada ni aplicar la Ley de Vivienda”, ha advertido.
Precarización residencial
Para Compromís, el problema ya no es solo el precio, sino la pérdida de derechos. “Hablamos de personas que viven, trabajan y escolarizan a sus hijos aquí, pero que encadenan contratos de seis, nueve u once meses sin ninguna seguridad”, ha señalado Robles. “Eso es precarización residencial”.
La portavoz ha alertado también de que el alquiler de temporada se ha convertido en la puerta trasera de los apartamentos turísticos ilegales. “Muchos pisos que no pueden legalizarse como turísticos funcionan, de facto, como alojamientos turísticos encubiertos. Es el mismo negocio, pero con otra etiqueta”, ha afirmado.
Desde el ámbito municipal, Compromís ha anunciado una propuesta concreta: la creación de un Observatorio Público Metropolitano de la Vivienda. “Observatorio, porque el problema debe medirse y entenderse; público, para que no esté condicionado por intereses privados; y metropolitano, porque la expulsión residencial ya desborda el término municipal de València”, ha explicado Robles.
Moratoria para 155.000 valencianas y valencianos
Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha dejado claro que su formación no dará apoyo a las últimas medidas anunciadas por Pedro Sánchez porque “no responden ni a la realidad del siglo XXI ni a las necesidades de las personas más vulnerables”. Según ha advertido, el mercado del alquiler vive una situación límite que exige decisiones valientes e inmediatas, no parches.
Una de las principales propuestas de Compromís es una gran moratoria de los alquileres que afectaría a más de un millón y medio de personas en el Estado, entre ellas cerca de 155.000 valencianas y valencianos. Ibáñez ha explicado que muchas familias se enfrentan a subidas repentinas de hasta el 40 %, “incrementos de 300, 400 o 500 euros mensuales que son simplemente imposibles de asumir”. Ha recordado que esta medida ya se aplicó durante la pandemia, con prórrogas sucesivas, y que si ahora no se activa “no es por falta de cobertura constitucional, sino por falta de voluntad política”.
Una brecha enorme y una propuesta de ley concreta
El diputado ha alertado también de una desigualdad creciente entre propietarios e inquilinos. En la Comunitat Valenciana, la brecha entre unos y otros es la más alta de todo el Estado, con una diferencia media de más de 24.000 euros anuales. “Los poderes públicos deben decidir a quién protegen”, ha subrayado, criticando unas bonificaciones fiscales propuestas por el PSOE que, según ha dicho, “solo han servido para que los precios sigan subiendo mientras se dejan de ingresar recursos que habrían permitido ampliar de manera masiva el parque público de vivienda”.
En este contexto, Compromís está impulsando en el Congreso una reforma profunda de los alquileres de temporada y de habitaciones, que se han convertido en una herramienta de precarización. Ibáñez ha explicado que la propuesta obliga a justificar la causa real de un contrato temporal y que, si no está debidamente acreditada, el contrato pase automáticamente a ser de larga duración, con una vigencia mínima de cinco años. Además, se limita la duración máxima de los contratos temporales y se prohíbe cargar a las personas inquilinas gastos como el IBI, seguros o costes de comunidad.
La iniciativa también pone fin a prácticas abusivas cada vez más habituales, como cobrar por visitar una vivienda o exigir honorarios ilegales, y refuerza los derechos de las personas inquilinas frente al incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento por parte de los propietarios. En el caso del alquiler de habitaciones, Compromís plantea que la suma del precio de las habitaciones no pueda superar nunca el coste del alquiler de la vivienda completa, para evitar situaciones de pura especulación.
Ibáñez ha denunciado también que muchas de estas medidas no se aplican en València porque el gobierno municipal del PP se niega a declarar la ciudad como zona tensionada y a aplicar la Ley de Vivienda. Ha advertido de que esta inacción está favoreciendo la llegada de fondos buitre y la compra especulativa de edificios enteros. “La vivienda debe cumplir una función social y estar al servicio del interés general”, ha manifestado, asegurando que Compromís continuará presionando desde el Congreso, Les Corts y los ayuntamientos “para garantizar el derecho a la vivienda y poner límites reales al abuso”.