El PP ha tardado un año en poner sobre la mesa su ordenanza para la ZBE, o lo que es lo mismo, su mecanismo para convertir València en la única capital europea en la que en 2028 todavía, con una excusa u otra, se pueda circular por la ciudad con vehículos altamente contaminantes. Un anuncio que confirma la renuncia de la alcaldesa María José Catalá a cumplir el objetivo de las ciudades Misión de reducir las emisiones y los contaminantes para 2030 en un 80%.

Y es que lo que Carbonell ha presentado como las normas definitivas de funcionamiento de la ZBE para 2028 es una recopilación de las excepciones que temporalmente han operado y operan en otras ciudades para hacer la transición hacia ciudades sin emisiones en un futuro cercano. Sin embargo, el objetivo que plantea el Partido Popular es una ciudad en la que, por los motivos más arbitrarios, como ser familia numerosa, llevar a los nenes en coche al cole, etc, puedes saltarte cualquier restricción, independientemente de lo que contamine tu vehículo.

El ánimo de boicotear esta política medioambiental por parte del PP es tal, que deja sin efecto la principal bondad de la ZBE en todas las ciudades, que es la de poner fecha límite al plazo de la sustitución de flota de los vehículos de empresa. En lugar de hacerlo y poner una fecha tope, el PP dice que camiones, furgonetas y coches, dedicados a la distribución, pero también sencillamente a nombre de un autónomo, podrán circular libremente independientemente de lo que contaminen. Valencia se convertirá así en el cementerio de vehículos contaminantes que rechacen todas las ciudades de Europa.

Y cabe advertirlo, especialmente a sus vecinos: los barrios del Grao, el Cabañal, la Malvarrosa y Natzaret se convertirán, de nuevo de la mano del PP, en el aparcamiento de todos esos vehículos contaminantes y los que vengan de fuera. Porque en lugar de atender las peticiones vecinales de instaurar allí estacionamiento de residentes, el PP excluye estos barrios de la ZBE, convirtiéndolos en el futuro polo de atracción y aparcamiento de todos los coches que vengan de fuera de la ciudad y de los locales que carezcan del etiquetado necesario. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué castigan a estos barrios? ¿Será porque no quieren que la obligada medición de la evolución medioambiental refleje lo que contamina el Puerto?

Hacerlo peor es sumamente difícil pero a estas alturas a pocos sorprende ya la siguiente barbaridad que pueda presentar un gobierno de negacionistas medioambientales como el de María José Catalá”.