· La formación valencianista, que desde el gobierno hizo de València un referente europeo en la protección del espacio público limitando la implantación de empresas de sharing de patinetes eléctricos y de operadores de transporte turístico ‘a la asiática’, denuncia que estas empresas están desembarcando en la actualidad ante la pasividad —”quien sabe si con la complicidad” indica el concejal Giuseppe Grezzi— del gobierno de PP y Vox.
· El informe de Movilidad limitó la capacidad de la ciudad a 2.000 motocicletas sin fijar topes por empresa, pero bajo la supervisión de Jesús Carbonell se acaba de autorizar el desembarco de un nuevo operador, superando ese límite.
Desde hace unos días, un número indeterminado de motocicletas eléctricas de color morado con el logotipo de Cabify —200 según la empresa— ha empezado a circular por las calles de València. Los primeros días el operador las depositó en plazas de estacionamiento exclusivo para motos, pero con el paso de los días, cualquier ciudadano podía ya tropezar con ellas estacionadas ilegalmente en cualquier acera junto a las del resto de operadores.
Esto ha sucedido, no obstante, pese a la existencia desde diciembre de 2020 de un informe del servicio de Movilidad Sostenible constatando ya entonces la presencia de 1.955 motocicletas de diferentes empresas operando en la ciudad y estimando —tras evaluar diferentes factores— que, en base a la capacidad de absorción de vehículos en el espacio público de València, el máximo de motocicletas en alquiler no debería superar las 2.000 (sin entrar a valorar en ningún caso un límite máximo por empresa, como está difundiendo falsamente el concejal Carbonell).
De esta manera, la irrupción de otras 200 motos de la empresa Cabify supone en la práctica que el gobierno de María José Catalá se salta un informe técnico oficial de un servicio (el de Movilidad) por parte del competente a la hora de controlar la actividad, el de Actividades; ambos en la actualidad bajo la supervisión del mismo concejal: Jesús Carbonell. “Un saboteo en plena regla del trabajo de los técnicos, haciendo primar el interés económico comercial de una empresa privada”, denuncia Grezzi.
Irrupción de tuk-tuks
Y las consecuencias, en forma de invasión y deterioro del espacio público causada por motos mal estacionadas sin control y sanción por parte de la Policía Local (también gestionada por Carbonell) ya se están haciendo notar. Pero no solo en este aspecto. Como también denuncia Compromís, desde la llegada al gobierno de María José Catalá, varias operadoras de transporte para turistas al estilo asiático (en vehículos con conductor de escasa cilindrada) están operando en la ciudad, realizando paradas en el espacio público, incluidas plazas y espacios peatonales, con el consiguiente deterioro del mismo. Cabe en este sentido señalar que el mismo informe de Movilidad de 2020 que sugería un número límite de motos de sharing, también indica en relación a los vehículos turísticos que “los vehículos deberán compartir los espacios habilitados para estacionamiento para autobuses turísticos de servicio discrecional y paradas para transporte turístico con paradas disponibles”, algo que no está sucediendo.
“La protección y mejora del espacio público fue una prioridad durante nuestros ocho años de gobierno y aunque no fueron pocas las personas que acudieron a nosotros tratando de importar a València este modelo de negocio turístico característico de ciudades tercermundistas, Compromís lo impidió. Por desgracia, ahora con Catalá, se les está dando carta blanca, como al resto de negocios turísticos extractivistas y la ciudad se está deteriorando a marchas forzadas”, lamenta Giuseppe Grezzi.
Excusatio non petita
Curiosamente, esta apertura a más explotación privada del espacio público con su consiguiente deterioro se produce cuando todas las áreas competentes para protegerlo se hayan bajo el mismo mando, el de Jesús Carbonell, concejal de confianza de María José Catalá. “Él es el responsable último de autorizar las actividades, las ocupaciones, los recorridos, las paradas; vigilar que se cumplan; y si es necesario porque no se está atendiendo a sus mandatos, sancionar a los infractores. Y a la vista de que las calles, aceras y plazas cada vez están más invadidas de motos privadas y de alquiler, y de trastos y vehículos para turistas, tendremos que entender que es con su visto bueno, y por descontado, con el de la alcaldesa Catalá”, resume Grezzi la situación.
De hecho, concluye su razonamiento el extitular de Movilidad Sostenible, “que cuando la situación se vuelve más alarmante con el desembarco muy llamativo de una nueva y polémica empresa en la ciudad, Carbonell salga a la luz pública a decir que se va a poner a trabajar y a mentir asegurando que el informe que Movilidad hizo en 2020 le ha limitado para hacer su trabajo, es la prueba definitiva, no solo de que no ha hecho nada bueno en los dos años que lleva al frente de sus áreas, sino de que es consciente de lo perjudicial que es su gestión y trata de culpar a otros de ella.”
Por eso, sentencia Grezzi, desde Compromís exigen “a la alcaldesa Catalá que llame al orden a Carbonell para que asuma su responsabilidad y proteja el espacio público. De lo contrario, nos veremos forzados a entender que esta vietnamización del espacio público es el modelo que Catalá y su gobierno bipartito de ultraderecha tiene pensado para València. Un desastre y un daño a la ciudad que creo que ni siquiera sus votantes más recalcitrantes son capaces de aceptar.”