- Puchades: “Por segunda vez la justicia ha sentenciado contra la purga sectaria del gobierno municipal a tres funcionarios que adquirieron su puesto de trabajo por concurso y que estaban integrados en la administración municipal.”
El Ayuntamiento de València ha sido condenado por el juzgado Contencioso–Administrativo número 7 de València a reconocer el derecho del trabajador público que fue expulsado de la administración municipal, a ser reintegrado como funcionario de carrera y asignarle un lugar correspondiente a su categoría.
Esta es la segunda ocasión que el Ayuntamiento es condenado por vulneración de derechos, después de la sentencia dictada en el mes de junio por el enjuiciado número 10 como consecuencia de la demanda formulada por otro funcionario que se encontraba en idéntica situación, quedando una tercera demanda similar que se dictará sentencia durante las próximas semanas.
Los tres funcionarios procedían de otras administraciones y consolidaron su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de València intermediando el preceptivo concurso en el que obtuvieron su plaza. Dos de ellos ocupaban sendos caporales de sección a la concejalía de Cultura Festiva y un tercero a la caporalia de servicio de Agricultura. Sus puestos de trabajo fueron amortizados, y por tanto, desaparecieron del organigrama municipal, pero en vez de ofrecerles otros puestos de similares características, como exige la ley, fueron expulsados de la administración municipal de forma injustificada.
El concejal de Compromís, Ferran Puchades, ya denunció en su momento que estos acuerdos impulsados por la concejalía responsable de personal, Julia Climent, eran una situación inédita en la historia democrática de València y que solo obedecían a motivaciones políticas por su incorporación durante el mandato de Joan Ribó. Una decisión de persecución política impulsada en primer momento por el concejal de Fallas, Santiago Ballester.
Para Puchades,“esta nueva sentencia confirma aquello que denunciamos. Estamos ante una persecución de origen político, que solo se ha producido contra funcionarios que se incorporaron con el gobierno de Compromís, a pesar de que estas personas tienen una calificación y reconocimiento profesionales fuera de todo duda confirmada por su trabajo y entrega en el ejercicio de sus competencias durante los pasados años.”
Para Puchades, “la resolución judicial pone de manifiesto de manera clara y rotunda que la desaparición de los puestos de trabajo que venían ocupando no tenía ninguna justificación, así como la arbitrariedad del gobierno municipal, incumpliendo su obligación de haberlos ofrecido un lugar dentro de la administración municipal de la que formaban parte de pleno derecho, tal como acredita de forma clara la sentencia”
En este sentido, Puchades ha recalcado que esta sentencia demuestra por segunda vez, que legalmente era injustificada la purga sectaria del gobierno municipal de no reubicar trabajadores públicos por motivaciones políticas. “La justicia ya le ha tumbado dos veces la purga a Catalá. Si su concejala no acata las sentencias después de esta condena tendrá que asumir las responsabilidades”.
Así, el concejal valencianista ha exigido a la concejala responsable, Julia Climent, que se abstenga de recurrir la decisión del juzgados. “Las sentencias son claras en su mandato y recurrirlas sólo ocasionará más gastos al erario público, y sólo tendría el efecto de intensificar la persecución de unos trabajadores públicos que no merecen una actitud que ni Rita Barberà tomó durante los veinticuatro años de gobierno.”
Puchades ha afirmado que “en el supuesto de que Climent tome cualquier otro acuerdo diferente, exigiremos su inmediato cese en sus competencias referidas a Personal, y las explicaciones y responsabilidad política a la alcaldesa ,que es quien, en última instancia, ha amparado este movimiento de persecución.”