- Compromís per València denuncia el colapso de los servicios sociales municipales y alerta del desmantelamiento del sistema de atención: “Cada expediente bloqueado es una familia sin ingresos”
El sistema municipal de servicios sociales de València atraviesa una situación límite. Más de 1.100 expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión acumulan retrasos superiores a los seis meses, según los datos oficiales facilitados por el propio Ayuntamiento en el Pleno municipal. Para Compromís per València, estas cifras evidencian el colapso administrativo y el progresivo desmantelamiento de los servicios sociales desde la llegada del gobierno de María José Catalá.
Durante los años 2024 y 2025 se han registrado en la ciudad 7.326 solicitudes de esta prestación destinada a garantizar ingresos mínimos a personas y familias en situación de vulnerabilidad. De esos expedientes, 1.121 continúan sin resolverse después de más de medio año de espera.
En 2024 se registraron 3.362 solicitudes, con 410 expedientes bloqueados durante más de seis meses. En 2025 la situación se ha agravado aún más: de las 3.964 solicitudes presentadas, 711 continúan pendientes con retrasos superiores a medio año. Los retrasos afectan prácticamente a todos los Centros Municipales de Servicios Sociales y se concentran especialmente en barrios con mayores necesidades sociales.
La concejala de Compromís per València Lucía Beamud ha advertido que el problema no es puntual ni administrativo, sino estructural. “Cuando una ayuda pensada para garantizar la subsistencia tarda más de medio año en tramitarse, el sistema ya no funciona. Cada expediente bloqueado es una familia sin ingresos, personas mayores sin apoyo o hogares con menores que se quedan meses sin ninguna cobertura”, asegura.
Recortes y falta de personal
Para la formación valencianista, el colapso tiene una causa clara: la falta de personal y la reducción de recursos en los servicios sociales municipales. La coalición valencianista denuncia que en los últimos meses se han acumulado decisiones que están debilitando el sistema de atención social de la ciudad.
Lucía Beamud señala que la situación ya se está traduciendo en retrasos estructurales en la tramitación de ayudas básicas, el aumento de las listas de espera en dependencia, la reducción de horarios de atención y el cierre de recursos sociales municipales por las tardes. “Estamos viendo cómo, poco a poco, el gobierno de Catalá está vaciando de recursos unos servicios que son la primera red de protección para muchas familias”.
La concejala del primer partido de la oposición ha advertido que la Renta Valenciana de Inclusión está perdiendo su función principal por la incapacidad municipal de tramitarla con normalidad: “No estamos hablando de una ayuda cualquiera. Hablamos de la prestación que debe evitar que una familia se quede sin comida o sin poder pagar el alquiler”.
En ese sentido, Compromís per València reclama un refuerzo urgente de las plantillas de los centros municipales de servicios sociales y un plan de choque para reducir el retraso acumulado en la tramitación de la RVI. “Cuando los servicios sociales colapsan, lo que falla no es un papel ni un expediente: falla la protección de las personas más vulnerables”, ha remarcado Beamud.
Para el segundo partido de la ciudad, la situación actual es incompatible con una ciudad que aspire a garantizar derechos y cohesión social. “València necesita servicios sociales fuertes, accesibles y con recursos suficientes. Lo que no puede pasar es que cientos de familias tengan que esperar más de seis meses para una ayuda que debería llegar cuando más se necesita”, denuncia Beamud.