- A falta de escasos días para que se agote el plazo, el gobierno de PP y Vox aún no ha resuelto sobre el futuro del bono diario de Valenbisi que ha generado un deterioro del servicio para los usuarios locales y daños en las pequeñas empresas dedicadas al alquiler turístico.
- Giuseppe Grezzi: “los datos del sector confirman que estamos ante un problema real de competencia desleal que está poniendo en riesgo empleo local y tejido económico”.
València, 20 de abril de 2026
Grezzi se ha referido así al último informe de Ascitur, que agrupa a buena parte de las empresas de alquiler de bicicletas de la ciudad, y que dibuja un escenario de “deterioro significativo” del sector. Y lo ha hecho en la víspera de la última comisión —antes de que se produzca la pronunciación del gobierno de Catalá al respecto— en la que podrá interrogar al concejal Jesús Carbonell sobre el piloto de Valenbisi que ha permitido a la corporación JCDecaux comercializar un ticket diario para turistas en la ciudad, sin introducir ninguna mejora compensatoria en el servicio.
Según el estudio de Ascitur, el 100 % de las empresas encuestadas registró una caída de la demanda durante 2025, un año en el que ya se produjeron 10 cierres y la pérdida de 24 empleos. Las previsiones para 2026 no son más optimistas: casi la mitad de las empresas espera que la demanda continúe cayendo y hasta un 23 % prevé nuevos cierres. En términos agregados, el informe advierte de que entre 2025 y 2026 podrían alcanzarse 17 establecimientos cerrados y 42 empleos destruidos o en riesgo, cifras que, extrapoladas al conjunto del sector, podrían situarse en torno a 40 empresas afectadas y hasta 100 puestos de trabajo comprometidos.
“El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado mientras se destruye empleo en un sector que ha sido clave para el desarrollo de un modelo de turismo sostenible en València”, ha subrayado Grezzi. En este sentido, ha apuntado directamente al impacto del bono diario de 3,99 euros de Valenbisi como uno de los principales factores de esta situación.
El informe sectorial señala que el 77 % de las empresas considera que el sistema público está perjudicando gravemente su actividad, especialmente desde la implantación del denominado “day ticket”, que permite un uso intensivo a un precio muy inferior al del mercado. Esto ha provocado, según el documento, una sustitución directa del alquiler privado de corta duración, especialmente en el segmento turístico.
Distorsión estructural del mercado
Para Compromís, esta medida ha generado “una distorsión estructural del mercado”, al situar en competencia directa a pequeñas empresas locales con un servicio público subvencionado. “No estamos en contra de Valenbisi, que es una herramienta fundamental de movilidad sostenible, pero sí de su uso turístico indiscriminado en condiciones que expulsan al sector privado”, ha remarcado el concejal.
Grezzi también ha puesto el foco en las implicaciones del modelo de ciudad: “Las empresas de alquiler no solo generan empleo, también aportan valor añadido al turismo, informan a los visitantes y contribuyen a una mejor convivencia urbana. Sustituir esto por un sistema masivo y despersonalizado tiene consecuencias”.
Por todo ello, desde Compromís reclaman al gobierno municipal que zanje el piloto eliminando el bono diario, garantizando un equilibrio entre el sistema público y la actividad privada. Estamos a tiempo de corregir una medida que, tal y como evidencian los datos, está teniendo efectos negativos claros sobre la economía local”, ha concluido Grezzi.
Una agonía prolongada
Cabe recordar que el actual bono diario de Valenbisi se implantó inicialmente como una prueba piloto de carácter temporal, con el compromiso por parte del gobierno municipal de PP y Vox de evaluar su impacto antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad. Sin embargo, ese análisis no se realizó en los plazos previstos y, en septiembre de 2025, el ejecutivo local optó por prorrogar el piloto durante cuatro meses, hasta finales de abril de 2026.
Ante esta falta de evaluación, el gobierno prolongó sin cambios una medida que ya estaba generando efectos negativos evidentes sobre el sector del alquiler privado, tanto en términos de caída de la demanda como de riesgo para el empleo.