- Compromís per València revela las conclusiones del informe definitivo de la Agencia Antifraude, que confirma los vicios en contratación y señala directamente al concejal del PP por la “falta de veracidad” en las declaraciones de conflicto de interés
La Agencia Valenciana Antifraude ha ratificado íntegramente, en su informe definitivo, todas las conclusiones del documento provisional sobre la gestión del concejal José Marí Olano en el área de contratación e incorpora ahora un elemento nuevo de gran trascendencia: apunta a posibles responsabilidades legales derivadas de la “falta de veracidad” en las declaraciones de ausencia de conflicto de interés firmadas por el propio edil.
Así lo han anunciado en una comparecencia urgente la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y el concejal Ferran Puchades, tras acceder a la resolución definitiva de la agencia. El documento mantiene punto por punto todas las irregularidades ya avanzadas por la coalición valencianista el pasado lunes y desmonta el relato del gobierno de María José Catalá, que había intentado desacreditar las conclusiones del informe provisional.
La novedad más relevante es que Antifraude exime al Ayuntamiento de responsabilidad directa porque “no tenía conocimiento” de las actividades profesionales privadas de Marí Olano, pero deja claro que corresponde ahora al consistorio “evaluar las posibles responsabilidades legales” derivadas de esa ocultación, especialmente porque el concejal “se ha opuesto reiteradamente a facilitar información sobre este asunto”.
Para Papi Robles, la resolución es demoledora. “Antifraude dice claramente que el problema es Marí Olano. Que ocultó información, que no actuó con veracidad y que ahora el Ayuntamiento debe evaluar responsabilidades legales. La pregunta es por qué Catalá continúa protegiéndolo”, ha denunciado.
La portavoz de Compromís también ha cargado contra la actitud de la alcaldesa. “Hemos visto estos días a una Catalá muy indignada con Compromís por revelar la información, pero no la vemos igual de indignada con el concejal que ha puesto en riesgo 255 millones de euros de contratos municipales, 21 de ellos financiados con fondos europeos. Es intolerable”, ha afirmado.
Contratos bajo sospecha y procedimientos potencialmente nulos
El informe definitivo mantiene las seis conclusiones principales de la investigación: abstenciones posiblemente inválidas, mesas de contratación constituidas sin el quórum necesario, incumplimientos del procedimiento formal de abstención, declaraciones incorrectas de ausencia de conflicto de interés y posibles vicios que pueden afectar a la legalidad de diversas adjudicaciones.
Según ha explicado Ferran Puchades, el propio Marí Olano reconoce en sus alegaciones que participó en tres mesas de contratación antes de darse cuenta de que tenía relaciones profesionales con una de las empresas implicadas. “Él mismo admite que no se dio cuenta hasta la cuarta mesa. Es una confesión gravísima”, ha remarcado el concejal de Compromís.
Puchades ha destacado también que Antifraude mantiene intacto uno de los fragmentos más duros del informe, donde se señala que, por su condición de abogado del Estado y profesional del sector privado, a Marí Olano “se le presupone un estándar de diligencia superior” a la hora de identificar conflictos de interés.
¿Por qué mantiene Catalá a Olano?
Compromís per València denuncia que, pese a la gravedad del informe, Marí Olano sigue siendo concejal delegado de Contratación y continúa interviniendo en expedientes municipales. “Es insólito que una persona señalada por Antifraude continúe gestionando contratos públicos. ¿Qué le debe Catalá para mantenerlo todavía en el cargo?”, se ha preguntado Papi Robles.
La coalición valencianista considera especialmente grave que el gobierno municipal haya intentado desviar la atención acusando a Compromís de vulnerar la confidencialidad de la investigación. “Es falso. La investigación ya había concluido cuando hicimos públicas las conclusiones. Lo que quiere Catalá es matar al mensajero porque no puede defender los hechos”, ha afirmado Puchades.
Un gobierno bajo sospecha
Compromís recuerda que Antifraude da ahora tres meses al Ayuntamiento para aplicar medidas correctoras e informar sobre los cambios en los procedimientos de contratación y control de conflictos de interés.
Para la formación valencianista, la resolución definitiva confirma un problema estructural en la gestión del gobierno del PP. “En este gobierno todo es opacidad, ocultación de información y ya hablamos de posibles responsabilidades legales. Es muy grave, pero mientras tanto, Catalá continúa mirando hacia otro lado”, asegura Papi Robles.