- Compromís denuncia que el gobierno aprueba por despacho extraordinario nuevas medidas contra el fraude que evidencian que la actuación del concejal “fue irregular”
El gobierno de María José Catalá ha aprobado por despacho extraordinario una modificación del Plan de Medidas Antifraude aplicada a los fondos europeos en un momento especialmente delicado, con dos frentes abiertos que afectan de lleno a la gestión municipal: por un lado, el informe de la Agencia Antifraude que detecta irregularidades en contratación vinculadas al concejal José Marí Olano; y por otro, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por el conocido como caso de clientelismo, en el que presuntamente estaría implicado el mismo edil.
El refuerzo del plan antifraude está directamente vinculado a la gestión de los fondos europeos Next Generation, como los destinados a la reurbanización de Pérez Galdós y Giorgeta, un contrato clave dentro de los 255 millones de euros que están bajo sospecha según el informe de Antifraude, de los cuales al menos 21 millones proceden de financiación europea. Estos planes son una exigencia de la Unión Europea para garantizar el buen uso de los recursos y prevenir conflictos de interés en la contratación. Por ello, resulta especialmente grave que el gobierno apruebe ahora estas medidas mientras existen dudas sobre procedimientos concretos financiados con estos fondos, ya que cualquier irregularidad podría implicar la revisión de los proyectos e incluso la devolución de parte de estas ayudas europeas.
La modificación del plan antifraude, aprobada ayer por despacho extraordinario de la Junta de Gobierno Local, que llevaba un año paralizada, incorpora un refuerzo de los mecanismos para detectar y evitar conflictos de interés, especialmente en contratación y en procesos de incorporación de personal. También endurece los sistemas de control con nuevas herramientas de verificación y protocolos que obligan a paralizar procedimientos si se detectan irregularidades. “Es especialmente grave que ahora reconozcan la necesidad de endurecer los controles en ámbitos que están precisamente bajo sospecha con Marí Olano. Lo hacen después de tener elaborado este plan desde hace un año, pero no ha sido hasta ahora cuando lo aprueban definitivamente. Esto confirma que el problema no era menor: la investigación sobre los seis contratos en los que intervino Olano evidencia que no se hicieron bien las cosas y que fue irregular”, señala la portavoz de la formación valencianista, Papi Robles.
El primer partido de la oposición considera que el movimiento del gobierno “llega tarde y mal” y evidencia la falta de control interno: “Es muy revelador que, mientras Antifraude ha detectado graves irregularidades en su informe provisional sobre la gestión de Marí Olano, se tramite este documento. Es, en la práctica, reconocer que los mecanismos no estaban funcionando. Todo lo que ahora plasman en un papel es justo lo que no han garantizado en su gestión. No es una mejora, es una enmienda a la totalidad de lo que han estado haciendo. Y todo esto mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga también posibles casos de colocación a dedo y manipulación de procesos. La sospecha sobre el gobierno de Catalá crece cada día”.
Desde la coalición valencianista también critican el momento y la forma de la aprobación: “Lo hacen por despacho extraordinario, lo que resulta sintomático en plena crisis de credibilidad. Es una forma de intentar tapar el ruido político sin dar explicaciones reales. Porque ayer Caballero, portavoz del gobierno, ni siquiera lo mencionó en su rueda de prensa”, apuntan.
Compromís insiste en que el problema de fondo es Catalá y su dependencia de Marí Olano. “Insistimos, ¿qué le debe a Marí Olano para mantenerlo en su cargo? Los planes antifraude fallan cuando quien gobierna decide ignorarlos. Y eso es lo que estamos viendo en el Ayuntamiento de València”, asegura Robles, que reitera la necesidad de asumir responsabilidades y de abrir una comisión de investigación con garantías.