- El informe, encargado por la propia alcaldesa y mantenido 51 días sin hacerse público, confirma lo que Compromís per València ya denunciaba desde abril: el extrabajador del Consorcio contratado por la fundación había perdido la condición de empleado público cuando se formalizó su contrato
El informe que la propia alcaldesa María José Catalá encargó a la Secretaría General del Ayuntamiento a raíz de la colocación de extrabajadores del Consorcio València 2007 en el sector público acaba de confirmar lo que Compromís per València denuncia desde hace meses: la contratación de uno de los aspirantes en la Fundación Visit València debe considerarse nula. El documento, fechado el 5 de mayo y que no ha visto la luz pública hasta ahora —51 días después de redactarse—, es tajante: el extrabajador del Consorcio ya había perdido la condición de empleado público, requisito imprescindible de la convocatoria, cuando Visit formalizó su contrato.
Según el informe, el Consorcio le comunicó su despido el 16 de octubre de 2024, con efectos desde el 25 de octubre, el mismo día en que se celebraba el examen del proceso selectivo de Visit. El contrato, sin embargo, no se formalizó hasta el 21 de noviembre, cuando el aspirante ya no cumplía el requisito que exigían las bases de mantener la condición de empleado público hasta el momento de la firma. El secretario general, José Antonio Martínez Beltrán, lo dice sin rodeos: la situación «contradice las bases de la convocatoria de un modo innegable», y concluye que tal contratación «debe reputarse nula».
Esta conclusión ratifica la información que Compromís per València hizo pública el 16 de abril, cuando el concejal Ferran Puchades ya había solicitado la documentación del expediente al constatar que el aspirante no cumplía los requisitos en el momento de su incorporación. «Catalá vendió como modelo de legalidad precisamente el caso que ahora su propio secretario le desmonta», señala Puchades. «Cada vez que la alcaldesa ha intentado defender este proceso, ha aparecido una nueva irregularidad que la contradice.»
Compromís amplía la denuncia a Fiscalía
La plaza de Visit es una de las siete que investiga la Fiscalía Anticorrupción desde que la coalición valencianista denunciara, el pasado febrero, a la alcaldesa Catalá, a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, por presunta prevaricación y tráfico de influencias. A la denuncia se sumó después el concejal José Marí Olano, a raíz de los audios en los que ofrecía plazas a extrabajadores del Consorcio. Compromís sostiene que las convocatorias que investiga Fiscalía bajo el paraguas del ‘Caso Enchufismo’ forman parte de una trama coordinada para recolocar personal del Consorcio en el momento de su liquidación.
Las otras dos plazas, en la Autoridad Portuaria, ya tienen causa judicial abierta: el juicio por una de las adjudicatarias se celebró el 19 de mayo en el Juzgado de lo Social número 8 de València, donde el extitular de Recursos Humanos del Puerto declaró que fue la propia presidenta Chao quien le facilitó las bases de los procesos. «Tres organismos lanzaron convocatorias prácticamente idénticas en las mismas fechas, con requisitos tan concretos que solo encajaban con determinadas personas», recuerda Puchades. «Y un notario dejó constancia, antes de que se resolvieran los concursos, de quién los ganaría.»
Para Compromís per València, lo que pone de manifiesto el informe del secretario no es un error, sino la confirmación documental de la primera pieza de un engranaje que la Fiscalía investiga pieza por pieza. «Mientras unos trabajadores salían a la calle, a otros ya les tenían resuelto el futuro», resume Puchades. «Hoy sabemos, por boca del propio secretario del Ayuntamiento, que al menos una de estas contrataciones nunca debió haberse firmado.» Compromís avanza que ha ampliado la denuncia ante Fiscalía con el informe del secretario municipal.