- La Agencia constata un precio inflado en casi 15.000 euros, una única oferta y una declaración que considera falsa, y reprocha al gobierno de Catalá que todavía no haya constituido ni el Comité Ético ni la Comisión Antifraude de su propio Plan de Integridad
Un contrato de 153.420 euros para equipar los vehículos de Bomberos de València con tabletas y sistemas embarcados se diseñó a medida de una sola empresa, con el precio inflado y sin ninguno de los controles que exige la ley. Es la conclusión de la Agencia Valenciana Antifraude, que tras cerrar su investigación y escuchar al gobierno de Catalá considera que debe anularse. Compromís per València ha hecho públicas hoy estas conclusiones y ha reclamado responsabilidades al gobierno municipal.
El expediente investigado por irregularidades forma parte de la contratación del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil, área que encabeza Juan Carlos Caballero, portavoz del gobierno de Catalá. Antifraude notificó el informe provisional el 18 de mayo, el Ayuntamiento tuvo su trámite de audiencia y el 30 de junio la Agencia ha ratificado todas las irregularidades y ha abierto la fase de seguimiento. El objeto del contrato era el suministro de veinte sistemas embarcados —tabletas rugerizadas— y veinticinco licencias ResQmobile para los camiones de bomberos.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, explica que el informe de Antifraude acredita que se aprobaron unos pliegos «calcados a la propuesta de una empresa, se aceptó un precio inflado, se admitió una única oferta y se dio por buena una declaración que ahora Antifraude considera falsa». En este sentido ha recordado que Juan Carlos Caballero «es la mano derecha de Catalá y, por tanto, el responsable de este contrato que ya tarda en dar todas las explicaciones».
El concejal de Compromís Ferran Puchades ha detallado qué ha encontrado la Agencia. Personal municipal mantenía contactos documentados con la empresa, pero esas conversaciones no se publicaron nunca como consulta preliminar de mercado, tal como obliga la ley. El pliego técnico que después ganó la empresa coincide con la propuesta que ella misma había enviado meses antes, y ninguna otra tableta del mercado cumplía todos los requisitos sin modificarlos. En el momento de licitar, la empresa declaró por escrito que no había participado en la preparación del contrato: una afirmación que Antifraude considera falsa y que puede comportar responsabilidades administrativas y, eventualmente, penales. «Cuando una Administración acepta un pliego calcado a la propuesta de una empresa, da por bueno un precio más caro sin justificarlo y solo recibe una oferta, no estamos ante una casualidad», ha resumido Puchades.
La cifra lo concentra todo: el precio de licitación, 153.420 euros, es 14.893,30 euros más caro que la propuesta que la propia empresa había presentado meses antes, sin que el expediente explique por qué. A ello se suma lo que Antifraude describe como un acceso a información privilegiada, un pacto de «precio protegido» entre el fabricante y la adjudicataria, específico para el Ayuntamiento de València y cerrado antes de que la licitación fuera pública, con posible infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.
La recomendación de la Agencia es clara: que el Ayuntamiento valore iniciar la revisión de oficio del contrato —es decir, su posible nulidad— y que, si lo hace, liquide la empresa excluyendo el beneficio industrial. Le da un mes para informar de las medidas adoptadas.
Segundo caso grave del gobierno de Catalá
Para la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, hay un dato que retrata el estado del Ayuntamiento de Catalá en materia de integridad: la propia Antifraude constata que ni el Comité Ético ni la Comisión Antifraude, previstos en el propio Plan de Integridad municipal, se han llegado a constituir, y exige hacerlo «a la mayor brevedad posible». «Este gobierno se comprometió a tener unos órganos de control contra el fraude y nunca los ha puesto en marcha. Y mientras tanto, pasan cosas como esta», ha remarcado.
Robles ha situado el caso dentro de un patrón que la coalición valencianista ya ha denunciado. El pasado 6 de mayo, Antifraude elevó a definitivo un informe que apreciaba irregularidades en seis contratos en los que el concejal José Marí Olano presidió la Mesa de Contratación sin identificar el conflicto de interés. Entonces la formación ya reclamó su dimisión; hoy, Olano continúa siendo concejal delegado de Contratación. «Es insólito que una persona señalada por Antifraude siga gestionando contratos públicos. ¿Qué le debe Catalá para mantenerlo todavía en el cargo?», se pregunta la portavoz.
Y la simetría remata el argumento. Quien restó importancia a aquel informe, y lo tachó de operación política para embarrar el terreno, fue precisamente Juan Carlos Caballero, concejal de Bomberos, portavoz del gobierno y hombre de confianza de la alcaldesa. Hoy es su área la que aparece en un informe de Antifraude ya cerrado. «En el Ayuntamiento de Catalá se contrata a medida, se paga de más y no hay nadie velando para que esto no pase. Con un informe de Antifraude sobre la mesa, ahora le toca a Catalá decir qué piensa hacer con este contrato», ha rematado Robles.