- Compromís per València llevará al pleno de este jueves una moción para condenar el asalto del concejal de Patrimonio Juan Manuel Badenas y de dos de sus asesores de Vox al local del Sindicato de Estudiantes, anticipando que reclamará a Catalá que le retire las competencias si no dimite.
- Papi Robles: «No podemos entender este allanamiento como una anécdota, sino de una manera de gobernar de tics dictatoriales y fascistoides, y Catalá y el resto del PP deben aclarar ya si es la suya o la expulsan del gobierno municipal».
El pleno del Ayuntamiento de València debatirá este jueves 23 de julio qué tipo de comportamientos y actuaciones está dispuesto a incorporar y hacer suyos el gobierno municipal de València, integrado por concejales de PP y Vox y dirigido por la alcaldesa María José Catalá. Todo a raíz del allanamiento por parte del concejal de Patrimonio, Juan Manuel Badenas, y de dos asesores del grupo municipal de Vox al local que el propio Ayuntamiento cedió a un sindicato de estudiantes y a una asociación feminista el pasado 2 de julio. Una intervención por la que Compromís per València lleva a la sesión una moción de condena y exige la dimisión inmediata del concejal, reclamando en su defecto a la alcaldesa que le retire las competencias del área ese mismo día.
«No podemos entender este allanamiento como una anécdota, sino ante una manera de gobernar de tics dictatoriales y fascistoides», sostiene la portavoz de la formación valencianista y firmante de la moción, Papi Robles, que emplaza a la alcaldesa y a su partido a retratarse: «Catalá y el resto del PP deben aclarar ya si es la suya o la expulsan del gobierno municipal». Para Robles, lo que se votará el jueves es si PP y Vox validan «una demostración de fuerza para meter miedo a una entidad estudiantil que defiende los derechos educativos y sociales», en un contexto «de auge de unas prácticas de extrema derecha que cuestionan abiertamente el marco de convivencia democrática y los derechos fundamentales de quien discrepa».
El concejal del gobierno municipal, Juan Manuel Badenas entró aquel 2 de julio en el local de la avinguda Catalunya, 3B —adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de noviembre de 2023 a la Federació d’Estudiants Sindicat d’Estudiants de la Comunitat Valenciana y a la Associació de Dones Lliures i Combatives del País Valencià, que tienen allí su domicilio social y todo el material de su actividad— acompañado de dos asesores de Vox, sin notificación previa a las entidades titulares y sin ningún representante suyo delante. Nadie se enteró hasta el día siguiente, cuando un representante del sindicato se encontró la cerradura dañada al intentar abrir. Las grabaciones de la cámara de seguridad del propio local muestran cómo el concejal y sus acompañantes recorrieron las dependencias, incluidas las estancias anexas a la sala principal, e inspeccionaron documentación de las entidades mientras lo grababan todo en vídeo.
Ni personal técnico ni procedimiento
El detalle que, a juicio de la coalición valencianista, retrata la naturaleza política de la actuación es quién entró. No lo hizo personal técnico del Servicio de Patrimonio, sino un cargo electo y personal eventual de asesoramiento, cuya designación se limita expresamente a funciones de confianza y que en ningún caso puede ejercer funciones propias del personal funcionario ni de los miembros de la Corporación. Robles califica la operación de «absolutamente ajena a cualquier procedimiento administrativo», porque toda comprobación sobre el uso de un local cedido exige notificación previa a la entidad cesionaria y su presencia durante la visita. «Aquí no fue nadie a comprobar nada: fueron a enseñar quién manda», resume.
La respuesta de la alcaldesa ocupa un lugar central en la moción. Catalá se ha limitado a anunciar la petición de un informe jurídico interno sobre los antecedentes del caso, sin condenar en ningún momento la actuación de su concejal ni adoptar ninguna medida. Robles considera esa reacción «manifiestamente insuficiente» y reclama una condena «pública y expresa», porque un ayuntamiento «no puede quedarse al margen de algo así, y mucho menos convertirse en cómplice por callar».
El texto que se votará el jueves recoge que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de allanamiento de domicilio de persona jurídica y de descubrimiento de secretos. Por eso pide abrir un expediente informativo interno que determine las responsabilidades administrativas y, si las hubiera, patrimoniales —incluidos los daños causados en la cerradura—, con cuenta posterior al pleno, y compromete al Ayuntamiento a colaborar de forma plena y diligente con la instrucción de la querella criminal interpuesta, facilitando al juzgado toda la documentación requerida, desde los protocolos de inspección de locales cedidos hasta los acuerdos de designación del personal eventual implicado.
El jueves cada concejal del PP tendrá que decidir si condena que un edil fuerce la entrada en la sede de dos entidades ciudadanas o si prefiere firmar, con su voto, que en València eso ya es una forma legítima de gobernar.