- La formación valencianista presenta alegaciones al Programa de Actuación Integrada del sector NPR-4 «Grau» para elevar la reserva de vivienda protegida, impedir que se contabilicen como “zona verde nueva” más de 54.000 m² del Jardí del Túria ya existentes y convertir la prolongación del passeig de l’Albereda en un bulevar verde sin tráfico rodado.
- Papi Robles: «El PAI del Grau es la penúltima gran oportunidad de la ciudad para actuar sobre un lienzo en blanco y el gobierno de Catalá lo quiere ejecutar como si estuviéramos en 2010, creando un barrio de fincas cerradas, poca vivienda pública y una autopista pegada al río».
Compromís por València ha presentado esta semana un paquete de alegaciones al Programa de Actuación Integrada del sector Grau, el mayor desarrollo urbanístico pendiente de la ciudad, con el objetivo de corregir un planeamiento que arrastra quince años sin actualizarse y que, a juicio de la coalición valencianista, llega prácticamente intacto a su ejecución definitiva pese a que la ciudad de 2026 poco tiene que ver con la de 2010.
La portavoz del grupo municipal, Papi Robles, sitúa el origen del problema en una decisión del propio gobierno municipal: el ejecutivo de PP y Vox dejó caducar la evaluación ambiental estratégica impulsada durante el mandato anterior, de modo que el planeamiento en vigor sigue siendo el heredado de la época de Rita Barberá. «Han dejado caer la evaluación ambiental y han tramitado el PAI con el planeamiento de Barberá, que es exactamente lo que les interesaba», señala Robles, para quien la tramitación «no puede despacharse como un trámite administrativo cuando lo que se decide es cómo será la fachada marítima de València durante las próximas décadas».
Vivienda: un 15% sin reserva a alquiler asequible ya no es nada
La primera alegación se centra en la reserva de vivienda protegida, que la documentación mantiene en el 15% del techo residencial previsto en la ficha de gestión del sector. La formación valencianista considera «incomprensible» que la última gran bolsa de suelo urbanizable del frente marítimo se desarrolle con los parámetros de vivienda anteriores a la actual crisis residencial y a la aprobación de la Ley estatal por el derecho a la vivienda.
Compromís reclama que el convenio urbanístico con el agente urbanizador incorpore un incremento de esas reservas, una cuota específica de alquiler asequible y permanente y la distribución de las promociones protegidas por todo el ámbito para evitar bolsas de segregación. Pide también que las parcelas municipales, autonómicas y estatales resultantes de la reparcelación se destinen a alquiler público a través de AUMSA u otro instrumento público, sin enajenación a operadores privados.
Ese punto conecta con la operación de cierre de la Fórmula 1. El Ayuntamiento asumirá en torno a 23 millones de euros cediendo solares a la Generalitat, después de que la alcaldesa haya rebajado de 32 a 21,3 millones las cargas dictaminadas para los promotores. Robles advierte de que el documento «no concreta en qué condiciones se desarrollarán esos suelos» y reclama que queden blindados por escrito la licitación pública, los plazos de ejecución y un régimen de protección permanente y no temporal. La coalición no descarta —y así lo plantea como sospecha razonable— que los solares cedidos a EVHA puedan acabar en manos de los mismos operadores privados a los que ahora se exonera de pagar.
Un parque que ya existe no es una nueva zona verde
La segunda alegación cuestiona que la memoria del programa compute como dotación del sector más de 54.000 m² del tramo final del Jardí del Túria, un parque consolidado que ya presta servicio a toda la ciudad y que, además, quedará como el más estrecho del cauce —apenas 100 metros frente a una media de 155— por efecto de la operación del circuito urbano. «Contabilizar como zona verde nueva un parque que ya usamos todos es un truco contable, no urbanismo», resume Robles. Compromís pide aumentar los espacios libres de nueva creación, reducir la superficie viaria en favor de parques y arbolado, y concebir el futuro Delta Verd como una infraestructura continua que enlace el Jardí del Túria, el Parc de Desembocadura, la Marina y los barrios marítimos.
¿Nuevo barrio o condominios privados?
En materia de movilidad, la formación considera «inconcebible» que en la València de 2026 se proyecten carriles bici de 2,5 metros —algunos de 2,10—, alcorques de menos de cuatro metros cuadrados y aparcamientos en batería sin protección arbórea. Reclama rediseñar la prolongación del passeig de l’Albereda como un gran bulevar verde peatonal y ciclista, excluyendo el tráfico rodado, y transformar la avenida de França y el carrer d’Eivissa en ejes cívicos de conexión entre el Grau, Natzaret, la Marina y el futuro Parc de Desembocadura, ahora que la desaparición de la barrera ferroviaria del Canal d’Accés modifica por completo su función urbana. A ello suma criterios de diseño bioclimático, pavimentos permeables, drenaje sostenible y sombra suficiente para convertir esos espacios en refugios climáticos reales, además de una reducción del número de plazas de aparcamiento previstas.
El segundo partido de la ciudad carga especialmente contra el modelo de condominios vallados con piscina y zonas privadas de esparcimiento que dibuja el proyecto. «Hemos gastado décadas de dinero público en derribar barreras urbanas y ahora las vamos a levantar de nuevo, esta vez con vallas privadas», advierte Robles, que reivindica para el Grau «menos asfalto, más sombra y más espacio público donde la gente se encuentre, que es lo que hace que un barrio tenga vida de barrio».
La cuarta alegación exige que el consistorio responda de manera individualizada y motivada a cada propuesta, sin ampararse en una respuesta genérica basada en la existencia de un planeamiento anterior. Compromís sostiene que el TRLOTUP y la función pública del urbanismo obligan al Ayuntamiento a valorar si el desarrollo previsto sigue sirviendo al interés general quince años después. «La calidad de este barrio se va a juzgar durante décadas, y Catalá tiene la firma para mejorarlo o para dejarlo tal como lo encontró», apunta Robles, que emplaza al gobierno municipal a aprovechar el convenio urbanístico pendiente antes de la aprobación definitiva.