- Compromís denuncia que el bipartito de María José Catalá no ha aprobado ningún protocolo frente a las olas de calor —de vigencia anual— desde su llegada al gobierno, pese al aumento de estos episodios y de sus peligrosas consecuencias para la salud.
- Papi Robles: «Ni siquiera la DANA y los efectos derivados de la misma animaron a PP y Vox a hacer su trabajo. Ese es el nivel y el compromiso de estos partidos con la ciudad».
València afronta desde hoy la tercera ola de calor del verano sin ningún protocolo de emergencia frente a las altas temperaturas actualizado a las circunstancias actuales. De hecho lleva sin contar con un protocolo actualizado desde la llegada al gobierno del bipartito de PP y Vox que llevó a la alcaldía a María José Catalá. Así lo ha reconocido el propio gobierno municipal, que ha admitido por escrito a preguntas de Compromís que lleva tres años sin aprobar ni actualizar ese instrumento, cuyo último documento válido es el que dejó preparado la formación valencianista en 2023. Desde entonces, ni en 2024, ni en 2025, ni en este 2026 se ha renovado, tal y como el propio plan exige.
Para Compromís no se trata de un fallo técnico, sino de una decisión política: dejar caducar un plan que debía revisarse cada año en una ciudad que conoce demasiado bien las consecuencias de la falta de previsión ante los episodios climáticos extremos. «Ni siquiera la DANA y los efectos derivados de la misma en las infraestructuras públicas y privadas animaron a PP y Vox a hacer su trabajo y actualizar el protocolo», lamenta Papi Robles, portavoz de la coalición valencianista, para quien «ese es el nivel y el compromiso de estos partidos con la ciudad».
Con Catalá, fuera de la normalidad
Robles recuerda que Barcelona, Madrid, Zaragoza, Murcia, Sevilla o Málaga cuentan con planes municipales frente al calor que actualizan cada año, mientras que València, desde la llegada al poder de PP y Vox, no. Y advierte de que el coste de esa inacción ya se mide en cifras récord: según el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III, el calor ha dejado 2.880 muertes en España entre el 21 de junio y el 21 de julio, 238 de ellas en la Comunitat Valenciana, la cifra más alta desde que existen registros.
La portavoz del primer partido de la oposición reprocha a la alcaldesa que se preocupe «de salir bien en la foto y en sus redes» mucho más que de gobernar para la mayoría. Lo resume con un ejemplo: de los 39 refugios climáticos que María José Catalá presentó en junio, solo 2 permanecen abiertos durante todo el verano, muy lejos de los centenares que mantienen otras grandes ciudades o de la sesentena larga de Murcia. Para Compromís, el único protocolo del gobierno frente al calor parece ser cruzarse de brazos.
Caducado e imposible de fiscalizar
La concejala Lucía Beamud, que tiró del hilo para descubrir la situación, ha detallado el vacío administrativo que se esconde detrás del discurso oficial. El último instrumento aprobado formalmente data de 2023. La concejalía de Sanidad ha respondido que «se entiende prorrogado», pero el propio documento reconoce que el subprograma de ola de calor «se activa anualmente». No existe ninguna resolución, actualización ni acuerdo que renueve esa vigencia para 2024, 2025 o 2026.
Ese agujero, señala Beamud, deja desprotegidos a todos, pero también a quienes más necesitan de la administración: las personas sin techo, las que viven en asentamientos o en condiciones de vivienda precaria, las personas mayores, la infancia y quienes son más vulnerables por motivos de salud. Es una competencia del área que dirige Marta Torrado, y «el gobierno municipal les da la espalda». La caída de la acción preventiva lo confirma: las actuaciones de campaña de ola de calor registradas por el SAUS pasaron a 5 en 2024 y a una sola en todo 2025, pese a que ese año hubo 2 días de alerta naranja y 10 de alerta amarilla.
A las preguntas planteadas por Beamud en la Comisión de Bienestar sobre el cumplimiento del protocolo, el gobierno respondió que las memorias de Servicios Sociales «solo contabilizan las intervenciones directas», y no las rutas preventivas ni las tareas de detección que, según asegura, sí se realizan. La conclusión de la concejala es que no hay forma de auditar un plan que, administrativamente, no existe como tal desde hace tres años. «No es que el plan sea insuficiente, es que nadie puede acreditar que haya un plan vigente ni que se cumpla», resume.
Deberes antes de vacaciones
Por eso, el segundo partido de la ciudad exige que el gobierno no se marche de vacaciones sin aprobar un protocolo actualizado y en vigor, con fecha, calendario y responsables claramente identificados, y no una prórroga tácita sin ningún acuerdo administrativo. Reclama también que las memorias municipales reflejen las actuaciones preventivas —rutas y detecciones— y no solo las intervenciones directas, de modo que su cumplimiento pueda fiscalizarse año tras año, además de un compromiso de revisión y aprobación anual explícita coincidiendo con el arranque de la campaña.
Como derivada práctica de ese plan, Compromís reclama un servicio real de refugios climáticos, con horarios efectivos por las tardes, los fines de semana y durante todo agosto, acceso gratuito y espacios habilitados para todas las personas —también quienes no tienen techo y también por la noche—, atendidos por profesionales del sector, junto con un refuerzo medible del dispositivo SAUS.