- La portavoz de Compromís per València exige de nuevo el cese inmediato del concejal de Vox y denuncia que Catalá «necesita personas indignas para mantenerse en el poder»
- Herrero está procesada por el juzgado, Badenas investigado, mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa y otros cuatro concejales de su gobierno
Juanma Badenas volverá a sentarse ante un juez. El juzgado de instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de València ha citado a declarar como investigado, el próximo 14 de enero, al concejal y exteniente de alcaldía de Vox, a raíz de la violación de la sede del Sindicat d’Estudiants el 3 de julio pasado, cuando forzó la cerradura del local y registró sus instalaciones sin ninguna orden judicial. Para Compromís per València, el hecho confirma un patrón que ya se arrastraba desde hace meses y que evidencia la falta absoluta de «decencia» del gobierno de Catalá.
«Esto se veía venir», considera la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que califica la entrada de Badenas en el local del sindicato como «toda una demostración de fascismo puro y duro, asaltando una sede de una entidad sin ningún permiso, forzando la cerradura y vanagloriándose de su acción». Para la formación valencianista, el concejal no puede continuar «ni un minuto más» en ninguna responsabilidad pública. «Evidentemente, no puede continuar ni un minuto más en el gobierno, pero Catalá no hará nada, como las otras veces», añade Robles, que atribuye esta permisividad a un cálculo puramente aritmético: «Necesita a personas indignas de un cargo público para mantenerse en el poder.»
Para Compromís, el asalto a la sede del Sindicat d’Estudiants no es un hecho aislado, sino el modelo político que Vox ha llevado al Ayuntamiento: señalar a quien no piensa como ellos y usar las instituciones para intimidarlos. «Badenas fue su portavoz y su candidato, y actuó con su discurso. El problema no es solo Badenas, es todo lo que Vox está sembrando», sostiene Robles. «Y Catalá gobierna gracias a ellos y mantiene en el gobierno a quien aplica su programa. Hoy ha sido un sindicato de estudiantes. La pregunta es quién será el siguiente.»
Tres investigaciones en poco más de tres años
La portavoz de la coalición valencianista recuerda que este no es, ni mucho menos, el único frente judicial que arrastra el concejal. «En poco más de tres años Badenas ha sido investigado tres veces, dos en el juzgado —una archivada por delitos de odio— y una por la Fiscalía Anticorrupción por el caso València Activa. Es un concejal que tiene más trabajo en los juzgados para ir a defenderse que en el Ayuntamiento, donde casi no tiene competencias», denuncia Robles. «Básicamente, Catalá lo mantiene a él y a Cecilia Herrero para mantener el poder. Les paga un sueldo público para su propio beneficio», señala Robles, que recuerda que la concejala de Vox se sentará en el banquillo de los acusados por una treintena de tuits racistas publicados entre 2020 y 2024, con petición fiscal de hasta tres años de prisión, uno a raíz de una denuncia que presentó Compromís.
Un gobierno asediado por la Fiscalía
Compromís per València amplía el foco más allá de Badenas y Herrero para situar al conjunto del gobierno de Catalá en una posición «insostenible». «El gobierno de María José Catalá no se puede sostener con tres investigaciones formales de los juzgados y seis investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, incluida la alcaldesa en el llamado caso de enchufismo, que también tiene investigada y declarando en los juzgados a la presidenta del Port, Mar Chao», sostiene Robles.
La portavoz valencianista se refiere a la causa abierta el pasado abril por la presunta recolocación a dedo de personal del extinto Consorcio Valencia 2007, que afecta a la alcaldesa, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, el concejal de Contratación José Marí Olano y la propia Chao. «Las declaraciones de los extrabajadores del Port apuntan a que las plazas se diseñaron a medida para determinadas personas, con la connivencia del gobierno de Catalá», concluye la portavoz de Compromís per València.