- La portavoz de Compromís, Papi Robles, asegura que la alcaldesa «ha perdido el control de la Marina y, mientras no resuelve nada, le cede al Port los derechos sobre los locales de la ciudad»
- El gobierno de PP y Vox no pudo tomar posesión del Veles e Vents el 7 de septiembre y llevará la UTE a los tribunales, igual que hace desde 2025 con los restaurantes de la explanada
La gestión de La Marina por el gobierno de Catalá «está resultando totalmente decepcionante», asegura la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que considera que la alcaldesa «no solo no ha mejorado el espacio para la ciudadanía, sino que acumula un problema tras otro y la única iniciativa que tiene es regalarle espacio al Port». De hecho, el gobierno de PP-Vox ha encargado a los servicios jurídicos que lleven a los juzgados a la UTE que gestiona el Veles e Vents, después de que el 7 de septiembre, fecha de fin del contrato, los técnicos municipales no pudieran recibir el edificio y levantaran un acta de recepción negativa. Lo hace mientras arrastra desde mayo de 2025 un pulso judicial para desalojar los restaurantes de la explanada que continúa sin resolverse. Compromís per València lo considera la prueba de que la gestión de La Marina «es un fracaso» y de que la alcaldesa «ha perdido el control de un espacio clave de la ciudad».
Para Papi Robles, la sucesión de derrotas judiciales y de plazos incumplidos dibuja un patrón. «La Marina no es un problema de ahora: Catalá lleva más de un año y medio anunciando desalojos que no se materializan y, cuando llega el día de recuperar el Veles e Vents, ni siquiera puede entrar al edificio», lamenta la portavoz de la formación valencianista. La resolución municipal recoge que, según el Ayuntamiento, la UTE formada por Rescorval, del Grup La Sucursal, e Interpreta Cultural Projects obstaculizó el acceso y la entrega de las llaves. Robles pone el énfasis en que La Marina es uno de los espacios estrella que debía gestionar el concejal José Marí Olano. «De este hombre solo sabemos que se mete en problemas y hace tratos muy sospechosos, por eso ha acabado investigado por Anticorrupción –al igual que la alcaldesa– a raíz del caso enchufismo que Compromís denunció. Pero ¿dónde está la gestión y la seguridad jurídica de la que tanto presumía?», se pregunta la concejala valencianista.
El origen del fracaso
El origen del conflicto es la orden de cese de actividad que el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, dictó contra los restaurantes de la explanada cuando vencieron sus concesiones, a principios de mayo de 2025. Un juzgado contencioso la suspendió y el Ayuntamiento se vio obligado a revocarla, al reconocer que no se puede recuperar por vía administrativa un bien patrimonial cuyo último título, el contrato de alquiler, ha expirado. El gobierno presentó entonces demandas civiles. En febrero de este año, un juzgado de primera instancia anuló el desahucio de uno de estos locales, y el Ayuntamiento anunció que recurriría.
Catalá prometió que dos de los locales pasarían a una escuela de hostelería de la Fundació Asindown y que los otros dos los licitaría la Autoritat Portuària. Según la información publicada a principios de año, esa licitación todavía no se había iniciado. «Vendieron un modelo de La Marina de calidad y lo que hay son juicios, locales en el limbo y ningún concurso a la vista», asegura Robles.
Compromís per València pone el foco en una decisión que considera especialmente grave. En mayo de 2025, el órgano de cooperación entre el Ayuntamiento y la Autoritat Portuària acordó, a propuesta del gobierno municipal, ceder al Port todos los derechos sobre los locales, para que sea él quien los ceda o los arriende mediante concurrencia competitiva. Los restaurantes ya han utilizado esta cesión como argumento para defender que el Ayuntamiento no tiene legitimidad para desalojarlos. «Catalá se deshizo de los locales de la ciudad a favor del Port y ahora pretende desalojar unos negocios sobre los que ya no tiene los derechos. Esto no es gestionar, es improvisar y regalar espacio público», denuncia la portavoz.
La coalición valencianista ya alertó a finales de 2025 de la parálisis de ese órgano interadministrativo, que solo se había reunido dos veces en un año, y calificó de seguidismo la relación de la alcaldesa con la Autoritat Portuària.
En cuanto al Veles e Vents, edificio de propiedad municipal, Compromís recuerda que la resolución de la Junta de Gobierno Local del 4 de septiembre, que lo adscribe al Palau de Congressos para convertirlo en una subsede para el turismo de congresos, reconoce que el inmueble continúa pendiente del alta en el Inventario Municipal de Bienes. El nuevo modelo exige, además, modificar el Plan Especial de la Marina, un trámite que aún está por hacerse.
Robles ironiza sobre el «salto de calidad» que Catalá prometió para la zona: «Un gobierno que no ha sido capaz de poner en orden los papeles de un edificio que es suyo desde hace trece años, ni de recuperarlo el día que vence el contrato, no puede presumir de proyecto para la Marina. València merece una Marina gestionada, no abandonada.»