Consol Castillo ha anunciado hoy que el Ayuntamiento «por ética y responsabilidad con el erario público y la ciudadanía» dejará de afrontar en 2018 el gasto que le supone al consistorio el alquiler de tres locales -que suman un total de 1.000 metros cuadrados- del centro ocupacional José Alcamí, un recurso de ámbito autonómico -donde el Ayuntamiento no tiene competencias- y por el cual los ciudadanos de València ciudad están abonando 107.000 euros de forma anual desde hace más de 20 años.
Castillo ha explicado que los recursos de la concejalía deben destinarse a los servicios municipales «con los que tenemos programadas una serie de importantes mejoras, como el desdoblamiento del Centro Municipal de Servicios Sociales de Salvador Allende, en el barrio de Orriols, para lo que es muy probable que tengamos que alquilar un espacio dada la falta de locales de titularidad pública en la zona, una responsabilidad necesaria de afrontar y que en este caso sí es competencia y obligación de la concejalía».
Esta regularización de un gasto que hasta ahora se había realizado sin tener las competencias del servicio y sin cumplir la ley en cuanto a concurrencia competitiva, se enmarca en un plan de la concejalía «que tiene por objetivo destinar los recursos del Ayuntamiento a los servicios locales» y donde también se sitúa la residencia Valle de la Ballestera, recurso de ámbito autonómico, por el que la concejalía de servicios Sociales abona anualmente dos millones de euros.
De hecho, el cálculo llevado a cabo por parte del Ayuntamiento llega hasta los tres millones de euros que los vecinos y vecinas de València están asumiendo de recursos que no son propios de manera anual. Castillo quiere poner fin a esta situación «irregular» porque «el Ayuntamiento no puede asumir esta situación de forma perpetua».
Así, esta misma semana, la concejalía de Servicios Sociales ha anunciado que enviará una carta a la Conselleria exponiendo los motivos legales por los que la residencia Valle de la Ballestera es necesario que cambie de titularidad y sea asumida por la Generalitat. Hay que recordar que ya se han producido varias reuniones entre el Ayuntamiento y la Conselleria por esta materia, donde ha habido una «clara sintonía» en este sentido. «Queremos seguir avanzando en la resolución de estas problemáticas», ha dicho Castillo.