Casi la totalidad de las entidades financieras ligadas al mercado hipotecario se han adherido al código de buenas prácticas sobre desahucios impulsado desde el Gobierno del Estado. Sin embargo, desde las diferentes Plataformas de Afectados y Afectadas por la Hipoteca denuncian que estas medidas no marcarán ninguna diferencia ya que las condiciones que se le exigen a los afectados por acogerse a la medida son extremas. Todos los miembros de la familia deben estar en el paro, el valor de la vivienda no puede exceder de unos límites y ésta no puede estar avalada.
Para Consol Castillo, «el Ayuntamiento de València debería retirar sus fondos de todas aquellas entidades financieras que no acepten la dación en pago. La legalidad a veces no es justa y por eso, desde las instituciones debemos hacer todo lo posible para mejorar la vida de la gente y en especial de la más vulnerable. Si un banco tira a una familia de su casa por no poder hacer frente a la hipoteca, el Ayuntamiento no debería trabajar con ese banco«.
Se da además la paradoja de que los directivos de la inmensa mayoría de estas entidades tienen sueldos estratosféricos. Como ejemplo, el presidente del BBVA, Francisco González ganó el 2011 4,97 millones de euros. Emilio Botín, presidente del Santander, con 4,5 millones de euros, mientras que su Consejero Delegado Alfredo Sáez cobró 11, 6 millones. En palabras de Consol Castillo «a Compromís nos parece indecente que mientras estos bancos están tirando a la calle a las familias en dificultades por una crisis de la cual los bancos son absolutamente responsables, encima sus directivos cobran millones y millones de euros. Y el colmo de la indecencia es que incluso aquellos bancos que han recibido dinero público a través del FROB tiren a la gente de su casa, cuando debería estar prohibido para un banco que reciba ayudas públicas actuar con esta poca humanidad. El PSOE y el PP, por tanto, también son responsables de esta situación por no haber condicionado las ayudas al FROB a implementar la dación en pago obligatoria».
Por ello, Compromís ha presentado una moción al próximo Pleno del 25 de mayo para instar al Ayuntamiento de València a retirar los fondos públicos de que dispone de aquellas entidades financieras que se niegan a negociar la dación en pago cualquiera que sea la cuantía de la deuda hipotecaria contraída y también de aquellas que se niegan a negociar el alquiler social de la vivienda hipotecada en base a la situación real de las personas afectadas.
Declaraciones de Consol Castillo sobre la dación en pago (en valencià)