La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha dado luz verde a la firma del convenio con el Movimiento Contra la Intolerancia para reforzar el programa Oficina de Solidaridad con las Víctimas de Delitos de Odio e Intolerancia en la ciudad de València. El Ayuntamiento apoya este proyecto de la entidad a través de una subvención de 17.500 euros prevista en el Presupuesto Municipal de este año.
La concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, ha destacado la importancia de “dar apoyo a un programa muy necesario, un recurso que permite que todas las víctimas de delitos de odio e intolerancia en nuestra ciudad se sientan acompañadas, escuchadas y atendidas”.
El Servicio Municipal de Igualdad y Políticas Inclusivas es el encargado de elaborar la memoria justificativa y el borrador del convenio, donde hace un análisis de su necesidad y oportunidad. “Se fomenta una actividad de interés social a favor de la entidad Movimiento Contra la Intolerancia”, ha explicado Lozano, quien ha recordado la obligación de la administración local de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de cada persona y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y de facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social de nuestra ciudad”.
El convenio comporta un conjunto de acciones jurídicas y el apoyo directo del Ayuntamiento al programa de la Oficina de Solidaridad con las Víctimas, promocionando así una actividad propia de la entidad sin ánimo de lucro, que contribuye a dar respuesta a una cuestión que es competencia municipal. “El respeto por la diversidad humana es un principio básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en este sentido es fundamental dar apoyo a los objetivos principales de la Oficina de Solidaridad con las Víctimas: la prevención, formación y sensibilización de la sociedad en valores de tolerancia; la atención personalizada y el apoyo jurídico y psicológico a todas las personas víctimas del odio en sus manifestaciones diversas, la promoción de acciones judiciales y el trabajo de detección, seguimiento y recogida de datos relacionados con los delitos de odio”, ha explicado Lozano.
El convenio tiene una duración de un año y se puede prorrogar por anualidades sucesivas hasta un máximo de dos años. Además, establece la creación de una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento general de las cláusulas incluidas.
La información de la existencia de este servicio de atención a las víctimas de delitos de odio se hará por diversas vías: directamente a colectivos vulnerables, al tejido asociativo mediante diversas asociaciones y colectivos de la ciudad; a través de Internet y de redes sociales y de trípticos, adhesivos, carteles, etc.
El convenio determina cómo se establece la primera atención a la víctima, la asistencia continuada, las acciones posjudiciales, las denuncias de la propaganda de odio, la promoción de la participación de la víctima, la monitorización de incidentes, actas de intolerancia y delitos de odio; la sensibilización preventiva, con actividades de prevención de la intolerancia, la violencia y la promoción de los derechos humanos.