Compromís per València defiende “un desarrollo del Sector Benimaclet respetuoso con la fisonomía y estructura social del barrio”, motivo por el cual se estima entre 900 y 1.000 las viviendas que se tienen que incluir. Así se lo ha trasladado este lunes la coalición valencianista a representantes de la plataforma vecinal Cuidem Benimaclet, a quienes también se ha explicado el contenido de los informes jurídicos solicitados al asumir como propia la demanda ciudadana que, con el apoyo de 1.500 personas, solicitaba una consulta para conocer la viabilidad de la desclasificación del suelo del PAI de Benimaclet.
Una vez el informe jurídico desestima la posibilidad de desclasificación por razones legislativas y económicas que lo harían inasumible, y considera inviable una modificación parcial del PGOU, Compromís entiende que es “fundamental que el número de viviendas a construir esté vinculado al coste de las obras de urbanización de la nueva ordenación, mucho más económicas, y de las dotaciones necesarias para ese entorno, respetando los rasgos distintivos del barrio y un número máximo de viviendas”. Además, considera que “el PGOU, actualmente en revisión, es una herramienta de planificación desfasada que hay que modular con propuestas alternativas”, por lo que su programa de gobierno para el próximo mandato contempla profundizar en las modificaciones necesarias para que “las condiciones para ser agente urbanizador las marque el equipo de gobierno desde un punto de vista de progreso para la ciudadanía y respeto hacia el entorno” y que “todas las empresas que cumplan con los criterios establecidos puedan optar a desarrollar el PAI con seguridad jurídica”.
40 % de viviendas de protección oficial
Para Compromís per València también “es esencial hablar del número de viviendas de protección oficial, su reparto y la configuración de todas las edificaciones” para poder impulsar un urbanismo siempre respetuoso con las características sociales del lugar donde se desarrolla, así como su vertiente medioambiental, sobre la base de un desarrollo económico adecuado. En ese sentido, la coalición se ha comprometido a pedir a sus socios de gobierno un pliego de condiciones que todas las empresas tendrán que cumplir y que incluirá que un 40 por ciento de las entre 900 y 1.000 viviendas serán de protección oficial. Además, no serán coincidentes con las viviendas públicas sino que se distribuirán de forma dispersa para evitar cualquier guetificación, así como la gentrificación.
La propuesta de la coalición valencianista incluye que el agente urbanizador se encargue de la ejecución de los equipamientos, y no solo de las vías e infraestructuras y de las zonas verdes. Además, se contempla que las futuras manzanas de casas respeten la continuidad del espacio público ajustando su dimensión a la trama de ensanche del barrio.
Por otro lado, Compromís per València plantea la prevención del efecto pantalla de los edificios altos, condicionando la orientación; la remodelación de la Ronda Norte, con continuidad y preferencia semafórica de los caminos de Les Fonts y Farinós y la supresión de una rotonda; el cuestionamiento de la oportunidad de una gasolinera en el extremo norte del sector y la integración de las preexistencias de la huerta.