Castillo: «consideramos una infracción legal que el Ayuntamiento cambie dos días antes de la celebración del espectáculo pirotécnico su emplazamiento, para hacerlo coincidir en la finalización de la manifestación»
La concejala del Grupo Municipal Compromis, Consuelo Castillo, está estudiando presentar una denuncia ante los juzgados contra el concejal de Fiestas y Cultura Popular, Francisco Lledó, y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, por haber contravenido las normas de seguridad establecidas en los hechos ocurridos el 12 de mayo, en la Plaza del Ayuntamiento, durante la celebración de la manifestación del 15M, que pusieron en riesgo, innecesariamente y sólo por cuestiones estrictaments políticas e ideológicas atizadas por la alcaldesa Rita Barberá, «la vida de muchos manifestantes, que ejerciendo su derecho y amparados en una autorización de la Delegación del Gobierno, participaban en la manifestación ciudadana del 15M «.
Castillo ha explicado que «el 26 de abril de 2012, el concejal de Fiestas, Francisco Lledó, solicitó permiso a la Delegación del Gobierno para la celebración de un castillo de fuegos artificiales para la noche del 12 de mayo en el antiguo cauce del río Turia «. Por su parte, «el 8 de mayo la plataforma ciudadana 15M recibió autorización de la Subdelegación del Gobierno para celebrar una manifestación el día 12 de mayo, con finalización en la plaza del Ayuntamiento».
A partir de ahí, según la concejala del Compromis, se produjo una serie de incumplimientos legales muy graves, cuyos responsables «deben responder penalmente». A saber, el primer incumplimiento es que el señor Lledó, el 10 de mayo, cambió la solicitud anterior, de fecha 26 de abril, para hacer una mascletá de colores la noche del 12 de mayo, en la plaza del Ayuntamiento, en vez de un castillo de fuegos artificiales en el cauce del río Turia. «Este cambio supuso un claro abuso de autoridad y una desviación de poder, que desde Compromís queremos denunciar. De hecho, en la intranet del Ayuntamiento todavía está colgada el anuncio del castillo de fuegos artificiales en el cauce del rio».
En cuanto a la Delegación del Gobierno, según Compromís, incurrieron en un presunto delito de prevaricación dado que, de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo), «las solicitudes de espectáculos públicos deben ser solicitadas en una antelación mínima de 30 días y su celebración debe contar con una autorización expresa, dictada por la subdelgació del gobierno «. Castillo ha hecho hincapié en que la solicitud primera ya no se presentó en 30 días de antelación • ción, pero lo más sorprendente es que el cambio se hace sólo 48 horas antes del evento, «lo que nos confirma que forzó la maquinaria legal por motivaciones estrictimanet ideológicas y para conseguir crsipar el ambiente social «.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 348 del código penal, la actividad chulesca del señor Lledó, en todo el asunto, le podría acarrear, además de la multa y pena de prisión, una inhabilitación especial para cargo público de seis a doce años. Y la actividad irresponsable de la delegada del Gobierno, al no impedir la mascletá del día 12 en la plaza del Ayuntamiento cuando el 8 de mayo había autorizado una manifestación que iba a acabar en la misma plaza, podría ser tipificada de prevaricación , según el artículo 404 del Código Penal.
Desde Compromís, «consideramos una infracción legal que el Ayuntamiento cambie dos días antes de la celebración del espectáculo pirotécnico su emplazamiento, para hacerlo coincidir en la finalización de la manifestación. Nos preguntamos lo siguiente: si el Ayuntamiento tenía autorización expresa de la Delegación del Gobierno, porque dejó que la manifestación, que tenía autorización, pasara por el lado de los fuegos artificiales. Y si no tenía autorización para que la Delegación del Gobierno consintió que se montará los fuegos artificiales. Sea como fuere, hay una negligencia y presuntos responsabilidades penales a averiguar «.
Castillo ha afirmado, además, que «nos parece absolutamente impresentable que Rita Barberá quiera ahora desviar la responsabilidad hacia las personas que convocaron o participaron en la manifestación y no asumir la responsabilidad de cambiar arbitrariamente, con la voluntad de crispar, el lugar de celebración sin autorización y no garantizar la debida protección de la zona de fuegos, sin la dotación policial suficiente para proteger un material tan peligroso «.