Consol Castillo, regidora de Compromís: «Rita Barberá, y el Partido Popular impiden que las familias que han sufrido el desahucio de sus viviendas víctimas de la ejecución hipotecaria, puedan compensarse el pago del impotente sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la antigua plusvalía».
Consol Castillo defendió el pasado martes día 26 de marzo una moción en el pleno del Ayuntamiento de Valencia para que este cancele, por la vía de la compensación, el impuesto de la plusvalía a las personas que han sido víctimas de un desahucio como consecuencia del impago del crédito o préstamo garantizado con hipoteca de su vivienda habitual. Y que esta medida se aplique en efectos retroactivos en los últimos cuatro años.
En ciudades como Barcelona, desde el 5 de diciembre, el Institut Municipal d’Hisenda ya lo pone en práctica ofreciendo a las personas afectadas por una ejecución hipotecaria que deben pagar la plusvalía, que se acojan a un programa de ayudas sociales para compensar este pago. El Ayuntamiento se hace así cargo del importe del impuesto, a través de los trámites administrativos, sin que el ciudadano desahuciado deba intervenir más en el proceso, que «bastante tienen con el terrible hecho de que implica perder la casa».
Castillo añadió que «a la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios provenientes de la reestructuración Bancaria (Sareb), se le ha exonerado del pago del impuesto de plusvalía por todos los inmuebles que le serán adjudicados». Es decir que, una vez más el PP y Rita Barberá, aplican una doble vara de medir, son contundentes con los que ahora lo están pasando mal, pero son dóciles con los poderosos.
Compromís también propone, en la moción, que más allá de esta medida, también se ponen de otras en marcha como poner pisos a disposición de los servicios sociales municipales para acoger a personas desahuciadas. «En muchos barrios, ya hay iniciativas ciudadanas, que valoramos muy positivamente, que se dedican a buscar realojo a personas que son víctimas del genocidio financiero que hay detrás de los desahucios. El Ayuntamiento tiene la obligación moral de que estas iniciativas de solidaridad ciudadana puedan tener éxito mientras el drama de los desahucios no acabe con una ley justa que convenza a todas las partes «.