El Consistorio tiene presupuestado para el 2014, 112,5 millones de euros en concepto de deuda, lo que supone un 15,4% del total del presupuesto
Joan Ribó, portavoz de Compromís per Valencia, ha votado en la Comisión de Hacienda en contra de la propuesta inicial del Presupuesto de 2014, por considerarlos una vez más unos presupuestos que van en contra de los ciudadanos de Valencia, fruto del plan de ajuste impulsado por la reforma constitucional del artículo 135 que estableció la estabilidad presupuestaría de 2011.
El portavoz de Compromís, ha destacado los 112,5 millones de euros destinados a la deuda, lo que supone un 15,4% del total del presupuesto municipal para el 2014. De los que 74,2 millones de euros irán destinados a la amortización del capital y 38,3 millones de euros al pago de intereses.
Joan Ribó ha comentado: “El endeudamiento del Ayuntamiento de Valencia, ha hipotecado el futuro de los ciudadanos de Valencia, es necesario hacer una auditoría de esta deuda para determinar qué parte de esta es legítima y qué parte es ilegítima, para decidir la que tenemos que pagar y la que no, sin este paso previo será imposible salir del callejón que nos ha llevado el gasto descontrolado de los años de gestión negligente de Rita Barberà”.
Joan Ribó también ha destacado los más de 22 millones de euros presupuestados para pagar el suministro de energía, lo que supone un incremento del 37,08% respecto a los presupuestos de 2013. De estos 15.898.456,61 euros van destinados al alumbrado público, con un incremento de 4.300.000 € respecto al 2013. Lo que demuestra que los anteriores presupuestos estaban claramente por bajo del coste del servicio, como demuestran los continuos desvíos de gasto al consumo eléctrico.
El portavoz de Compromís, Joan Ribó ha concluido: “El Ayuntamiento de Valencia tiene un problema con el consumo de energía eléctrica, el consumo desmesurado junto a la reforma eléctrica del gobierno central, en tramitación, nos ha llevado a un coste presupuestado en 2014 de más de 22 millones de euros, que obliga a desviar asignaciones de otras partidas como bienestar social u ocupación, para pagar a las grandes empresas eléctricas”