El alcalde de Valencia ha participado hoy en Madrid en el Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, donde ha expuesto las iniciativas del nuevo equipo de gobierno para garantizar la universalidad del suministro con ayudas a aquellas personas en situación de exclusión que corrían el riesgo de que les fuese cortado, así como otras encaminadas a promover la transparencia y la participación social en todos los aspectos de la gestión del agua. Las alcaldesas y alcaldes participantes en este encuentro han elaborado una declaración donde rechazan la privatización y apoyan los procesos de municipalización de un servicio que en Valencia, en 2002, el gobierno de Rita Barberá “dejó atado y bien atado durante 50 años”.
La exposición por parte de Joan Ribó de las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Valencia para garantizar el suministro de agua potable a personas en riesgo de exclusión ha suscitado un gran interés entre los asistentes al Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, que hoy ha concluido en Madrid con una mesa redonda en la que han participado las alcaldesas y alcaldes de diez ciudades españolas. Además de Ribó han intervenido en esta cita en defensa de la gestión pública del agua Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y anfitriona; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza; María Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba; Óscar Puente, alcalde de Valladolid; Xulio Ferreiro, de A Coruña; Jordi Ballart, alcalde de Terrassa; Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela, y Guillermo Hita, alcalde de Arganda del Rey.
“Rita Barberá, que gobernó durante 24 años, no ha dejado el tema del agua atado y bien atado durante 50 años, pero en estos momentos estamos desarrollando una serie de iniciativas que quisiera destacar: en primer lugar, que el agua sea un servicio para todas las personas independientemente de que tengan o no tengan recursos, y por eso hemos abierto una vía de subvenciones para aquellas personas que corrían el riesgo de que les cortasen el suministro, que ha llegado este año aproximadamente a 1.500 personas”, ha explicado Ribó en este foro donde se ha rechazado la privatización de algo tan esencial como el agua.
“Consideramos el agua un servicio básico independientemente de la situación económica de las familias”, ha afirmado el alcalde de Valencia antes de destacar dos ideas que el Govern de la Nau considera fundamentales.” La primera de ellas es la transparencia de las empresas que están trabajando en el tema del agua, y en segundo lugar la promoción de la participación social en todos los aspectos de la gestión del agua, porque nos parece muy importante”.
Ha explicado la situación del suministro de agua en Valencia y su área metropolitana a través de EMIVASA, una empresa mixta participada al 20 % por el Ayuntamiento y el 80 % restante por la mercantil Aguas de Valencia, adjudicataria del servicio, en marzo de 2002, por un periodo de 50 años, antes de detallar esas iniciativas llevadas a cabo por la nueva corporación en cuanto a control de cuentas, empleados y contratos, y también de la puesta en marcha del servicio de suministro de agua potable a personas en situación o riesgo de exclusión social.
“Para garantizar el suministro de un servicio básico e imprescindible con carácter universal, el Ayuntamiento de Valencia se hace cargo de las tasas y cánones de la factura del agua, y la empresa suministradora de los consumos, contenedores e IVA”. Ribó ha informado de que a finales del año 2016 la previsión es que sean 1.450 los hogares beneficiarios de esta medida cuya aplicación supone un gasto de 240.000 euros.
También se ha referido el alcalde de Valencia a la instalación de telecontadores, de los que ya disponen un total de 386.000 usuarios, lo que convierte a Valencia en la ciudad más grande de Europa donde se ha alcanzado un índice de telelectura del 90 %, “lo cual ha repercutido en disminución del número de reclamaciones, sostenibilidad del servicio, control de viviendas vacías o atención a personas con necesidades especiales, ya que si no se consume agua en un tramo horario en personas que no salen de su vivienda salta una alarma de atención en el domicilio”.
En este Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, además de alcaldesas y alcaldes han participado decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que luchan por una gestión del agua “pública, sin ánimo de lucro, transparente, participativa y sostenible”.
Fruto de ese planteamiento se ha elaborado una Declaración por la Gestión Pública del Agua en la que las alcaldesas y alcaldes reunidos en Madrid consideran que “el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados”. En otro apartado del documento reafirman que “el abastecimiento de agua es un derecho humano indispensable para vivir dignamente, y condición previa para la realización de otros derechos fundamentales, por lo que debe ser universal y garantizar un mínimo vital a todas las personas que nunca será recortado por motivos económicos o sociales”.
Esta Declaración por la Gestión Pública del Agua incluye, además, la propuesta de implantación de nuevas formas de control social que garanticen la transparencia, la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, a la vez que se rechaza “la privatización de los servicios del ciclo integral del agua y se apoya los procesos de remunicipalización que se están llevando a cabo en numerosas ciudades y pueblos”.
Se afirma que “las administraciones locales tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones oportunas para asegurar la sostenibilidad del ciclo integral urbano y que se presten los servicios cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia”, y se apoya la constitución de una Red de Ciudades por el Agua Pública”.