Carlos Galiana y la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando han abordado hoy la puesta en marcha del mecanismo de colaboración entre la Generalitat y el consistorio para facilitar el cobro de multas a los vecinos otros municipios de la Comunidad Valenciana que hayan cometido una infracción en Valencia. Se hará a través del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), Y será una medida que entrará en marcha a partir de principios del 2017. El Equipo de Gobierno quiere dar un nuevo impulso a esta iniciativa del Ayuntamiento, y a la reunión entre Galiana y Ferrando se ha sumado hoy el encuentro entre el regidor de Hacienda, Ramón Vilar, y el director general de Tributos, Javier Casas.
Se trata del primer convenio de la historia que se firma entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana para hacer más eficiente la gestión de estos procedimientos sancionadores. Y es que una gran parte de las sanciones que se imponen en Valencia ciudad no se pueden cobrar nunca porque el Ayuntamiento de la ciudad no puede ejecutar el embargo de una cuenta bancaria y cobrar la multa si la cuenta está domiciliada fuera de su término municipal.
Galiana ha destacado que no se trata de una acción con afán recaudatorio, sino que se trata “de una cuestión de justicia, puesto que no tiene sentido que una persona de fuera de la ciudad pueda venir a Valencia, cometer infracciones y después no tener que pagar la sanción correspondiente, a diferencia de lo que ocurre con los vecinos y vecinas de Valencia”. Concretamente el Ayuntamiento de Valencia ha dejado de ingresar unos 2,5 millones de euros anuales por este concepto, “un dinero que, por ejemplo, podríamos destinar a invertir en aspectos de Bienestar Social, entre otras materias”, ha dicho Ferrando.
Según ha explicado Ferrando, el convenio de entre el Ayuntamiento de Valencia y el IVAT establece que la Generalitat aplicará por un lado un coste por inicio de la gestión de 3 euros por cada deuda incorporada al sistema y, de la otra, un coste de la gestión realizada de un 1% sobre los importes cargados incorrectamente, así como un 3% de los importes efectivamente recaudados como consecuencia del procedimiento de embargo. Galiana ha explicado que “Ayuntamiento y Generalitat hemos trabajado codo en codo para solucionar un problema que trae muchos años guardado en un cajón”, mientras que Ferrando ha dicho que “el poco dinero con que contamos los valencianos hay que gestionarlo de la manera más eficiente posible. Por eso esperamos que poco a poco el resto de ayuntamientos puedan adherirse a convenios similares”.