A las puertas del edificio consistorial, Sergi Campillo, alcalde en funciones y concejal de Gobierno Interior, dio voz a las demandas de la ciudadanía referidas en la Declaración Institucional de las Cortes Valencianas, firmada por todos los grupos políticos, ante la marginación de los valencianos y las valencianas en los presupuestos generales del Estado 2017 y para manifestar «la necesidad de garantizar un nivel de inversiones justo para el territorio de la Comunidad».
En el manifiesto que parte de las Cortes Valencianas se recuerda que la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobado en marzo de 2011, prevé «la introducción de una cláusula que blinda las inversiones de acuerdo con el peso de la población» y, más recientemente, la Resolución 22 / IX de las Cortes, del 6 de octubre de 2015, aprobada por unanimidad, reclama también «la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras, compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años».
La declaración leída por Campillo refuerza su argumento con la mención a la Resolución 918 / IX, que se aprobó también por unanimidad en sesión plenaria el 22 de febrero de 2017, en la que se reitera «la necesidad de garantizar unas inversiones que compensan la insuficiencia inversora y reclaman un plan de choque de inversiones por parte del Ministerio de Fomento cifrado, al menos, en 1.200 millones anuales entre 2017 y 2020 en inversiones en nuestro territorio”.
Por su parte, las Cortes Valencianas manifestaron «su rechazo más absoluto a las inversiones territorializadas que prevé el proyecto de presupuestos del Estado para 2017″, unas palabras que Campillo reafirmó en nombre del Ayuntamiento, según las que la inversión en la Comunidad Valenciana «se sitúa en un 6,9%», una cifra que supone una reducción de 209 millones respecto a 2016.
Así, la situación en que queda la ciudadanía de toda la Comunidad Valenciana y, por supuesto, la ciudad de Valencia con los nuevos presupuestos generales del Estado consiste en que cada valenciano y valenciana «recibirá 119 euros per cápita, claramente inferior a los 184 de media en el conjunto del Estado y muy lejos de las cifras de los ciudadanos de otros territorios que recibirán, en promedio, cerca de tres veces más que los valencianos”.
Asimismo, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias se unió también a esta declaración «para reclamar para todos los valencianos un mejor y más justo financiación para nuestros municipios con el firme compromiso de afrontar los nuevos retos con servicios de calidad para atender las necesidades que la ciudadanía nos pide”.