Joan Ribó ha anunciado esta mañana que el Ayuntamiento suspende de manera provisional el cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Impuesto de Plusvalías, a aquellas personas que no han obtenido un beneficio en operaciones de compraventa.
Como es conocido, el Tribunal Constitucional dictó sentencia el pasado mes de febrero sobre este impuesto, referida al territorio foral de Gipúzkoa. Y ayer mismo se conoció que el contenido de dicha sentencia se hace extensivo a todo el territorio estatal. El alcalde ha explicado hoy que el Gobierno Local esperaba esta decisión del Tribunal, “una decisión lógica –ha argumentado- ya que si no hay una base sobre la que gravar, no tiene sentido hacerlo”. La sentencia inicial declaraba inconstitucional una parte de las normas del impuesto, exactamente los casos en los que “no haya habido objetiva y realmente un incremento, sino una disminución del valor de los terrenos”.
“A partir de hoy –ha anunciado el alcalde- aquellas personas que acrediten que no se ha producido un incremento del valor del terreno donde se ubica su inmueble no se les cobrará nada, hasta que el Gobierno del Estado nos dé instrucciones sobre cómo realizar a partir de ahora el proceso”.
No obstante, Ribó ha exigido a Cristóbal Montoro una compensación, después de denunciar la negligencia del Ministerio de Hacienda en este asunto, que va a significar una importante pérdida de recursos para los municipios. “Todo este problema es consecuencia de la dejadez de los diferentes ministros de Hacienda que, desde el año 1988 no han cumplido con la obligación de modificar la legislación estatal en un tema evidente desde el punto vista jurídico, dado que se trataba de un cobro absolutamente ilógico e injusto”. La Ley de Haciendas Locales fue aprobada en los años ochenta por Carlos Solchaga, y el alcalde ha señalado la responsabilidad de este ministro, así como de los sucesivos titulares de Hacienda hasta llegar al actual, Cristóbal Montoro, en quien recae actualmente la responsabilidad de cambiar la normativa en relación con la plusvalía, e introducir las modificaciones pertinentes para poder hacer frente con instrumentos técnicos a las demandas que los vecinos presentarán. “Montoro ha de ponerse las pilas y cambiar toda la fiscalidad de los municipios –ha subrayado Joan Ribó- hay que abordar este tema de una vez por todas, vista la quiebra tan significativa por mera negligencia del Ministerio de Hacienda”.
Hay que recordar que el Presupuesto Municipal de este año prevé un montante de 35 millones de euros de ingresos por este impuesto. “El Ministerio no ha cumplido con su responsabilidad de adaptar la norma la situación de crisis que hemos padecido, en la que el precio de los terrenos, en lugar de aumentar, ha decrecido”, ha denunciado el primer edil.
El Govern de la Nau exige al gobierno de Rajoy que “cambie la Ley de Haciendas Locales de una vez por todas en este tema, así como en otros asuntos “en los que tiene restringida completamente la acción de los ayuntamientos: IBI, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica… Es imprescindible modificar la legislación fiscal de los ayuntamientos bajo la premisa de que las entidades locales necesitamos, como dice la Constitución, recursos suficientes”, ha dicho el alcalde en referencia al artículo 144 de esta ley. Además, Ribó ha recordado la obligación del Gobierno central de compensar las pérdidas de ingresos de las entidades locales, como en su momento se hizo con el IAE (Impuesto sobre la Actividad Económica).
“Los ayuntamientos cobran en base a una legislación y una reglamentación estatal, por lo que no tenemos base de maniobra ni para arreglar, ni para cobrar hasta que no se dicten normas de carácter estatal. Estamos obligados a cumplir la ley, una ley antigua de 1988. Las sociedades se mueven y se desarrollan, así que la norma ha de ser profundamente modificada sin lesionar más situación fiscal de los ayuntamientos”.