El Ayuntamiento de València contratará el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión con exigencia de que el total de la energía suministrada sea verde, producida mediante fuentes renovables, e incluyendo la atención y reducción de la pobreza energética de forma que a ninguna familia se le pueda cortar el suministro sin un informe previo de los servicios sociales y después de que la empresa suministradora realice un estudio sobre cada caso concreto. Este contrato, que incluye alumbrado, escuelas municipales y edificios públicos, además de la Fundación Deportiva y la Universidad Popular, tendrá un importe máximo de adjudicación de 38’2 millones de euros para un periodo de dos años, según han informado en rueda de prensa el alcalde Joan Ribó y el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo. Además, la empresa no podrá cobrar al Ayuntamiento más del que cobra por el mismo servicio a otras administraciones.
“El primer requisito es que ha de ser un contrato con energía cien por cien verde, producida solamente por fuentes renovables. Quedan excluidas la producción por carbón, la producción por gas natural, la producción por fuel y, por supuesto, la producción por energía nuclear. Solamente con un origen en fuentes renovables que esté garantizado mediante el certificado que la Comisión de Mercados concede a las empresas correspondientes”, ha explicado Joan Ribó en la presentación de este acuerdo marco para la contratación del suministro de energía en baja y alta tensión cuya convocatoria ha aprobado hoy la Junta de Gobierno Local.
“El segundo parámetro fundamental en el cual queremos insistir es la atención a la pobreza energética. Sabéis que tanto en invierno como en verano había una serie de personas a los que se les cortaba la luz en València. Digo había porque en estos momentos tenemos un acuerdo con una empresa, Iberdrola, para que no se corte el suministro eléctrico. Es un acuerdo que ahora queremos pasar a la categoría de un contrato formalmente firmado”, ha añadido Ribó, que ha puntualizado que, con el objetivo de que a ninguna familia se le corte la luz por no poder pagar la factura, “antes de cortar el suministro la empresa que resulte administradora habrá de solicitar un informe a los servicios sociales municipales para determinar si en esa vivienda vive una familia en situación de vulnerabilidad”. En el caso de que no existan datos sobre la familia, “la empresa habrá de estudiar la situación de la familia por si viviese en situación de pobreza energética.”
Respecto a la primera exigencia de que el total de la energía suministrada sea energía verde procedente de fuentes renovables, el concejal Sergi Campillo ha señalado más adelante que se podía haber contemplado en el expediente la exigencia de un determinado porcentaje de energía verde y dejar su aumento como una mejora en la oferta, “pero decidimos que el 100% tenía que ser verde como una condición esencial del contrato, y que además venga con la correspondiente certificación”. En cuanto a la atención y reducción de la pobreza energética, “la medida se incluye en la línea de la ley aprobada por la Generalitat para paliar y reducir ese tipo de pobreza en la Comunidad Valenciana. Este contrato está ligado a una ley que aprobaron las Cortes Valencianas y que tenemos la obligación de cumplir, cumplir, y lo hacemos de muy buen grado.”
El alcalde de València ha informado de que la contratación tiene una duración de dos años con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. El precio máximo del contrato para los dos primeros años es de 38’2 millones, si bien Joan Ribó ha puntualizado que el Ayuntamiento está inmerso en un proceso de cambios en el alumbrado público y de los edificios municipales que ya está reduciendo de forma considerable la factura energética municipal. Además ha informado de que en las ofertas se mantendrán precios fijos durante toda la duración del contrato, que en ningún caso podrán superar a los establecidos en otros contratos entre la empresa suministradora y otras administraciones. “El de la energía es un asunto muy sensible en el que hemos de defender el dinero y los intereses de la ciudadanía y no malgastar ni un céntimo.”
Ribó ha dicho que la exigencia de solvencia técnica y financiera, debidamente demostrada, y solvencia técnica y profesional, son determinantes en la contratación de una empresa que deberá aportar experiencia certificada de buena ejecución, certificación de sistemas de gestión de calidad e indicación de medidas de gestión ambiental. Igualmente ha vinculado la exigencia de que la energía sea cien por cien verde a la situación de cambio climático que estamos viviendo y a los acuerdos suscritos por el Ayuntamiento, con un último compromiso de reducción las emisiones a la atmósfera en un 40% antes del año 2030.
Posteriormente el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha detallado otros aspectos de este acuerdo para una contratación del suministro de energía eléctrica que- según Joan Ribó- tenga también un carácter “ejemplarizante” ante la ciudadanía y otras administraciones “para que este país vaya por otro camino en materia energética con políticas para combatir el cambio climático y en sintonía con las directrices marcadas por la Unión Europea en tres aspectos tan importantes como son reducir la factura energética, utilizar exclusivamente energía verde y que no haya personas que por pobreza energética se queden sin luz”.
Campillo ha explicado que “la licitación se divide en tres bloques independientes y las empresas pueden presentarse a uno, dos o a los tres bloques. El primer bloque es el suministro en baja tensión con potencia igual o inferior a diez kilovatios; el segundo es suministro en baja tensión pero con potencia contratada mayor de diez kilovatios, y el tercero es suministro en alta tensión.”
También ha contado que el criterio de solvencia, distribuido en los tres lotes, se ha rebajado de 3 veces el importe de licitación a 1’5 el valor anual del contrato “con el objetivo de que a esa licitación se puedan presentar más empresas y también cooperativas eléctricas”, y ha recordado que esta iniciativa está en línea con las ya emprendidas en ciudades como Madrid o Barcelona. Igualmente se ha referido Campillo al proceso ya en marcha de cambio en el alumbrado público y la iluminación de edificios municipales, con un importe de cuatro millones de euros, que ya ha generado un importante ahorro en la factura eléctrica del Ayuntamiento de Valencia, a la vez de paliar una situación de despilfarro económico y contaminación lumínica que se daba en muchos lugares de València y que la convertía “en una de las ciudades europeas más contaminadas” en este sentido.