La Concejalía de Gobierno Interior ha iniciado la redacción de una instrucción de obligado cumplimiento para abordar «de manera decidida» el reto de la contratación pública responsable en València. Esto significa que se tienen que aplicar cláusulas sociales que enfoque la contratación pública -que se realiza con el dinero de todos los contribuyentes: un total de 294.393.000 euros, que suponen el 36’3 % del presupuesto de 2019, hacia fórmulas que fomenten la cohesión social, la protección del medio ambiente, la innovación o el comercio justo.
Se trata de dar un paso más en la estrategia que ya inició el Ayuntamiento en abril del 2016 con la aplicación de las cláusulas sociales y lingüísticas, la cláusula que impide a las empresas minorar unilateralmente las condiciones laborales del personal adscrito a la ejecución de los contratos municipales, o el acuerdo del Pleno, tomado por unanimidad de todos los grupos políticos, de declarar València como zona libre de paraísos fiscales.
Según ha explicado el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, “la contratación y compra pública sostenible compromete al sector público a jugar un papel ejemplar en la sostenibilidad a través de sus actividades de contratación y compra. En este ámbito hemos empezado la redacción de una instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento de València, con el objetivo de disponer de un sistema de contratación en el cual quedan debidamente determinados los principios de la contratación administrativa en temas como la ocupación y la inserción social, la protección del medio ambiente, igualdad de género, cooperación al desarrollo, fomento del valenciano y suministro de productos de km 0 y/o ecológicos”.
El Ayuntamiento ha contratado una consultora externa que realizará una tarea de acompañamiento al consistorio para elaborar la instrucción que hará cumplir estos objetivos. De un lado, realizará una guía completa que recogerá todas las cláusulas aprobadas hasta ahora, añadirá otras nuevas y establecerá un sistema de verificación mediante el cual las empresas tengan que rendir cuentas de su cumplimiento.
Por otro lado, este trabajo se culminará con la redacción y aprobación de una instrucción que será de obligado cumplimiento para todos los servicios. Es decir, garantizará que el Ayuntamiento realice una contratación pública cien por cien responsable en su marco de competencias.
La consultora ha realizado hoy una primera jornada de trabajo con responsables de los servicios de Cooperación al Desarrollo y Migración, Calidad y Análisis Medioambiental, Igualdad y Políticas Inclusivas, Bienestar Social e Integración, Ocupación y Emprendimiento, Normalización Lingüística y Pueblos de Valencia, además de los servicios responsables en la contratación administrativa (Contratación, Asesoría Jurídica y área presupuestaria).
«En definitiva, queremos agrupar todas las cláusulas ya aprobadas y añadir otras nuevas en una estrategia unificada de gestión para hacer de la contratación municipal una herramienta estratégica de aplicación de políticas públicas para el fomento de la igualdad, la inserción socio laboral, sostenibilidad ambiental, fomento del valenciano o de la agricultura de proximidad», ha declarado para finalizar Sergi Campillo.